Al considerar que este 17 de octubre se cumple el setenta aniversario en donde se logra el derecho a votar y ser votada de la mujer, a primera vista se consideraría que ya está cumplimentado, es cierto que con la elevación de la paridad a nivel constitucional en 2019, se ha logrado una diferencia importante en cuanto a la participación de la mujer en la política y en los puestos o cargos de toma de decisión, de 2021 a 2023 han sido electas nueve mujeres gobernadoras, pero quedan en la agenda pendientes para llegar a una verdadera igualdad sustantiva, para lo cual, abordaré algunos puntos.
El número de mujeres en el poder legislativo se ha incrementado, sin embargo, también deben de incidir dentro de las comisiones de decisión, como gobernación, puntos constitucionales y justicia.
Las mujeres ocupan el 23 % de miembros de gabinetes o titulares de direcciones en el ejecutivo a nivel nacional estatal y municipal, sobre todo en este último y cuando las incorporan, volvemos a lo mismo, les otorgan direcciones que se relacionan con la niñez, igualdad y género, pueblos originarios, teniendo poca presencia sobre todo en el área política, de seguridad, administrativa o de justicia que están muy masculinizadas.
El número de mujeres titulares de ayuntamientos a nivel nacional es el 21%, y en Chihuahua solamente 12 de los 67 ayuntamientos están presididos por mujeres y en cuanto al sistema normativo indígena es menos del 7%.
Asimismo, encontramos el tema de que cuando una mujer llega al poder corre el riesgo de estar sujeta a manipulaciones en la toma de decisiones por varones.
Debe haber un compromiso sororario de que, al llegar al poder, entre las prioridades se encuentre contar y atender una agenda de género, al igual que personas lucharon atrás de nosotros, motivo por el cual estamos aquí y es nuestro deber apoyar a las generaciones que vienen detrás.
Falta sororidad, evitar criticarnos entre mujeres, y por supuesto erradicar la violencia política contra las mujeres en campaña y en ejercicio del cargo, ejemplo de ellos, es que la mayoría de las denuncias de violencia política son de regidoras en contra del presidente municipal, una nueva modalidad es que las mujeres son utilizadas para agredir a otras mujeres políticas o que están en cargo de decisión, para golpear políticamente a otras mujeres de partidos distintos al que pertenecen.
Es muy importante aclarar el alcance de la reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia publicada el 29 de mayo pasado, cuando han incurrido en violencia política declarada en sentencia firme, por delitos contra la vida e integridad corporal, por ser persona deudora alimentaria, en donde la persona no puede ser candidata para algún cargo de elección popular ni para función, o comisión del servicio público.
Esto es sólo un apunte del camino que si bien se ha recorrido todavía nos falta una meta por llegar, una democracia no puede ser completa si no estamos incluidas.
Al principio de la paridad constitucional ni un paso atrás.