Existe consenso respecto el inicio del proceso de cambio político-electoral en México, 1977 sería el año donde vería la luz la primera reforma en materia política electoral del México contemporáneo; a partir de ese momento, la ruta democrática que ha seguido el país ha sido producto de un viaje reformista -constante y paulatino- que tuvo su última parada en 2014, con una reforma trascendental en la materia. Debe señalarse que las ocho reformas concretadas en este periodo han derivado fundamentalmente en cambios en dos vías: modificaciones a las normas, por una parte; y, por la otra, las instituciones. Siendo el reflejo de las nuevas configuraciones pluripartidistas que experimentaba el país y sus órganos de representación.
La de 2014 se instaló en un contexto ad hoc. Llega producto de una segunda alternancia y el regreso a la presidencia de un partido que había sido hegemónico hasta dos sexenios antes. La agenda pactista, que implicó más de 10 reformas en poco menos de dos años, se centró en los grandes acuerdos que se habían postergado por falta de consensos legislativos y los obstáculos que enfrentaban gobiernos sin mayorías desde 1997. La política-electoral buscaba atender la pluralidad -y sus diversos intereses- en un sistema que redujera el espacio del conflicto, ponderando la centralización de tareas sustantivas sin eliminar el margen que tenían los estados para atender a las exigencias propias de su evolución política-democrática. Así, se crea el Instituto Nacional Electoral, INE, y los Organismos Públicos Locales (OPLEs), como versiones reforzadas del IFE y los institutos electorales en los estados.
El órgano superior de dirección del INE es un Consejo General conformado por once integrantes. El INE se encarga de organizar las elecciones federales, es decir, la elección de la persona titular de la Presidencia de la República y la de las senadurías y diputaciones que integran el Congreso de la Unión. También puede organizar la elección de las personas dirigentes de los partidos políticos, garantizar que las candidaturas independientes tengan acceso a tiempos en radio y televisión, y organizar las consultas populares. Como facultades exclusivas, tanto en elecciones federales como en las locales, el INE se encarga de la capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación del funcionariado de las mesas directivas; además, de la geografía electoral, el padrón y la lista de electores; así como la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas.
Por su parte, los OPLEs tienen a su cargo la organización de las elecciones en el ámbito local. Para el caso de Chihuahua, organiza la elección para la gubernatura, las diputaciones locales, los Ayuntamientos y Sindicaturas. Los consejos generales se integran por una consejería presidenta y seis consejerías electorales. La reforma de 2014 estableció como funciones de los OPLEs otorgar los derechos y acceso a las prerrogativas de candidaturas y partidos políticos con presencia local; la educación cívica; la preparación de la jornada electoral; la impresión de documentos y producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos; declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones; además de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; en este caso la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua.
La reforma, lejos de establecer un estado de subordinación de una autoridad a otra, bosquejó un sistema de coordinación que ha ido fortaleciéndose en esta década. Han sido cuatro elecciones federales (2015, 2018, 2021 y la que se encuentra en proceso) y más de 200 elecciones locales, donde las normas y las instituciones -producto de aquel año de pactos políticos- han estado a prueba. Pero sobre todo, ha sido la participación de todas las personas votantes, funcionariado electoral, candidatas y candidatos, y líderes de partidos políticos, que fueron y somos parte integrante de este sistema electoral mexicano, los que han dado vigencia a la legitimidad de las elecciones en el país.
