“Repite una mentira mil veces y la harás verdad.” Joseph Goebbels
Los regímenes democráticos dividen al Estado en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Históricamente, surgió como una necesidad de acotar el poder absoluto de los monarcas. Los ingleses le denominaron “parlamento” a la institución que elaboró una Constitución, que debía contener leyes que debía cumplir fielmente el rey. El monarca ejecutaba los mandatos elaborados por los miembros del parlamento. El Poder Judicial tenía como misión, mantener el orden legal derivado de la Constitución e impartir justicia, para resolver los conflictos entre los poderes, y ser un contrapeso que mantuviera a la nación en paz y armonía. Hoy, la feroz dictadura destruye al Poder Judicial, y elimina la legalidad de los derechos constitucionales y humanos. Felices los grupos del crimen organizado, porque con el dictador, tuvieron de “facto” su propio régimen judicial. La irresponsabilidad institucional del Congreso de la (sic) Unión es una vergüenza que ofende a la patria mexicana y a todos los mexicanos. En verdad su actuación, cínica, oportunista y cobarde, los convierte en traidores a la patria. Recordemos que en 1679 los ingleses crearon la ley “Habeas Corpus”, todavía vigente, que en virtud de la cual los tribunales tienen la potestad de requerir a cualquier a cualquier autoridad que practique una detención para que presente el detenido y justifique los motivos legales del arresto, con objeto de ponerlo en libertad si éstos no existen. Se trata de una ley destinada a proteger a los ciudadanos contra las privaciones arbitrarias de la libertad. En nuestra patria por los problemas que vivía la península de Yucatán, a principios del decenio 1841- 1950, Manuel Crescencio Rejón, nacido en Bolonchenticul, Yucatán, creó el Juicio de Amparo, con la finalidad de suspender toda acción legal, hasta que una institución de mayor jerarquía suspendiera provisionalmente toda acción judicial contra ciudadanos. La suspensión definitiva, se dictaminaba, cuando los tribunales no encontraban elementos probatorios de la comisión de violación de la ley. La Suprema Corte de Justicia, en muchos casos, da la última palabra de los dictámenes. Los lacayos de la dictadura, acaban de aprobar la destrucción de la Suprema Corte y cercenaron el derecho de amparo. ¡Muy bien morenitos, muy bien! La guignol de la dictadura tiene ante sí, cumplir los mandatos, no de los mexicanos, sino de quien la manipula, es decir, de los órganos autónomos que se requieren para garantizar el prístino manejo de los recursos del erario y no haya corrupción. ¿Qué dirán los oportunistas, “camisas pardas” del boquete financiero de más de un billón de pesos? El derecho a la información y la rendición de cuentas es la facultad de los ciudadanos de exigir al gobierno en que gasta hasta el último centavo del erario.
