La reciente desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el INAI, constituye un duro golpe a la transparencia y la rendición de cuentas en México. Estas instituciones, creadas con una naturaleza jurídica específica, pues si bien se tratan de funciones materialmente ejecutivas en su gran mayoría, garantizaban imparcialidad se crearon para ser un contrapeso al poder, por ello no estaban adscritos a ninguno de los poderes clásicos.
La creación de los organismos autónomos y esa particularidad en nuestro orden constitucional respondieron al despertar de un México democrático que construyó instituciones a cargo de todas las fuerzas políticas para fortalecer al país no a una corriente política.
Su extinción, sin duda, abre la puerta a una mayor concentración de poder en el Ejecutivo, debilitando los derechos humanos y erosionando los principios fundamentales de nuestra República.
Es cierto que los organismos autónomos no eran perfectos. Como toda estructura institucional, requerían ajustes y una mayor eficiencia, así como reestructurarlos para retirar el tufo partidario y alcanzar órganos técnicos conformados por burocracias profesionales no partidarias ni con agendas particulares. Sin embargo, optar por su eliminación en lugar de su fortalecimiento y la reforma que los reestructurará es una decisión que trasciende lo técnico: es un acto político que sacrifica la autonomía y la independencia en favor de la autocracia.
El argumento de la austeridad esgrimido para justificar esta medida resulta simplista y peligroso. Los organismos autónomos, como el INAI o el IFT, cumplían funciones esenciales: garantizar el acceso a la información, proteger datos personales y regular sectores clave de la economía. Estos objetivos no desaparecen con su eliminación. Su ausencia deja un vacío que será ocupado por dependencias gubernamentales subordinadas al Ejecutivo, poniendo en riesgo los derechos ciudadanos y el equilibrio de poderes. Sí antes había fallas, imagínese lo que se viene cuando ya no hay el menor intento de cumplir con la institucionalidad, imparcialidad y objetividad
Un ejemplo claro es el del INAI. Este instituto jugaba un papel crucial en la transparencia del gasto público y la rendición de cuentas. Con su desaparición, la vigilancia sobre estos temas queda en manos del propio gobierno, creando un conflicto de interés insalvable. ¿Quién vigilará al vigilante?
La centralización de funciones en dependencias controladas por el Ejecutivo federal revive fantasmas autoritarios que México había logrado superar. La autonomía de estos organismos no era un capricho, sino una necesidad histórica derivada de los abusos del pasado, cuando la falta de contrapesos permitió la corrupción y la opacidad.
Es fundamental que comprendamos la gravedad de este retroceso: esta medida pone en peligro la democracia y la estabilidad institucional del país.
México necesita contrapesos efectivos y espacios de autonomía para que las decisiones públicas no queden en manos de un solo actor político. La desaparición de estos organismos compromete el futuro de nuestra nación y debe ser un llamado a la acción para todos los que creemos en un gobierno abierto, transparente y democrático.
Se les olvida a quienes hoy ostentan la mayoría que el qué gana, nunca lo gana todo y qué quien pierde, no lo hace para siempre. Por eso debe apostarse a las instituciones y no a los intereses coyunturales.
Geo Bujanda
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