Ante el nuevo panorama político delineado por la nueva presidenta, su forma de pensar y sus palabras en discurso poselecciones, los empresarios en México debemos adaptarnos o cuestionarnos y enfrentar a una serie de cambios normativos y sociales que buscan, según la nueva presidenta, promover la justicia, la sostenibilidad y el desarrollo equitativo. Estos cambios no solo exigen cumplimiento, sino que también ofrecen oportunidades para alinear las prácticas empresariales con estos nuevos valores o nuevas formas de pensar, por lo pronto considerarlos para el buen funcionamiento de los negocios.
Uno de los pilares fundamentales de la nueva administración es supuestamente, la llamada austeridad republicana, junto con la promoción de la igualdad y la eliminación de la corrupción. Para los empresarios, esto significa operar con mayor transparencia y adoptar prácticas éticas rigurosas. El respeto a la división entre el poder político y económico implicará menos influencias indebidas en las decisiones políticas, aparentemente creando un entorno de negocio más predecible y justo, será interesante el proceso que se utilizara para este entorno.
En el ámbito laboral, el incremento del salario mínimo y el fortalecimiento de los derechos laborales representan un desafío para las estructuras de costos, pero también una oportunidad para mejorar las relaciones laborales y aumentar la productividad a través del bienestar de los empleados. Las empresas deberían considerar estas medidas no como un gasto, sino como una inversión en capital humano que puede traducirse en mayor lealtad y eficiencia. Podemos ir trabajando en esquemas, simulaciones financieras, indicadores y estrategias que amortigüen.
La visión de la presidenta de fortalecer la infraestructura mediante proyectos como el Tren Interoceánico también abre nuevas oportunidades de negocio en sectores como la construcción, logística y servicios relacionados, siempre y cuando se integren los proyectos a una visión económica del país y no a enfatizar el ego de políticos. Además, el enfoque en la soberanía energética y la transición a energías renovables demanda una reevaluación de las estrategias energéticas corporativas, incentivando inversiones en tecnologías limpias y sostenibles. Al parecer viene un rumbo de reconocer e incentivar nuevas formas de energía.
La educación y la capacitación son áreas clave donde la colaboración entre el sector público y las empresas puede ser especialmente fructífera. Apoyar y proponer iniciativas educativas y programas de formación no solo ayudará a desarrollar el próximo grupo de talentos, sino que también asegurará que los futuros empleados estén mejor preparados para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Debemos adelantarnos con diagnósticos y propuestas por regiones.
Finalmente, la promoción de la igualdad sustantiva y la justicia para grupos históricamente marginados es un llamado a que las empresas adopten políticas de diversidad e inclusión más robustas. Esto no solo es un requisito legal o ético, sino también una estrategia empresarial que puede abrir nuevas perspectivas y mercados.
Adaptarse a estos cambios requerirá una mentalidad flexible y un compromiso con la mejora continua. Sin embargo, las empresas que logren integrar o por lo menos considerar estos principios en su operación no solo estarán alineadas con la nueva dirección política de México, sino que también estarán posicionadas para prosperar en un entorno cada vez más globalizado y consciente socialmente. No podemos ser omisos a los cambios que vienen. O nos anticipamos y enfrentamos, o ajustamos las velas a este entorno que viene.
Doctor en Administración. Director del Instituto de Emprendimiento del ITESM, región norte
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