Todas las constituciones de los países democráticos tienen unas cláusulas pétreas, que no pueden ser modificadas, porque dejaría de ser una Constitución y nuestro país tiene siete cláusulas pétreas plenamente identificadas y reconocidas desde hace más de 50 años.
Estas siete cláusulas pétreas son:
Derechos humanos, soberanía de México, división de poderes, sistema representativo, el juicio de amparo, supremacía del Estado sobre las iglesias, sistema representativo y sistema federal. Estas disposiciones son irreformables y el caso es que la supuesta reforma judicial que acaban de aprobar en la Cámara de Senadores y que el presidente López en sus últimos 10 días que le quedan de mandato, lo ha publicado en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigencia al día siguiente de su publicación.
Estas cláusulas pétreas son las que pueden y deben de ser usadas para echar abajo esta reforma judicial porque están desapareciendo o minimizando la división de poderes en un linchamiento por parte de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
¿Cómo puede hacerse? Lo primero que debe de hacerse es agotar todas las instancias legales que tenemos en nuestro país, es decir, meter las demandas en las instancias que correspondan hasta llegar a la última y si no se logra, entonces acudir a instancias internacionales a las que México pertenece y se supone que son 100% legales, ya que han sido suscritos por el Senado de la República de México, como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas oficinas están en Washington DC y la corte está en San José de Costa Rica, a donde pasarían el caso, una vez determinada como procedente en las oficinas de Washington DC.
Este camino lo siguió un servidor en 1985, cuando me cometieron fraude en la elección para diputado federal del 7º distrito federal, con cabecera en la ciudad de Chihuahua y fue la 1er demanda por violación a los derechos humanos en su capitulo de derechos políticos. El caso lo ganamos, pero ya había pasado la legislatura, así que no había mucho que hacer, en 1986 volvimos a Washington DC a poner las denuncias por el fraude electoral para gobernador en donde Pancho Barrio acudió como agraviado, al igual que Rodolfo “El Negro” Elizondo, candidato gobernador del estado de Durango, por los mismos motivos.
La exhibida que se le dio al gobierno mexicano a nivel internacional, como un gobierno fraudulento, fue uno de los motivos que obligaron al gobierno mexicano a tener que reconocer en algunos casos (No en todos) cuando perdían una elección, así que a la siguiente elección no les quedó otra que reconocer que Pancho Barrio había ganado y fue gobernador de 1992 a 1998.
En aquel entonces las elecciones eran manejadas por el gobierno, que se convertía en juez y parte. El responsable en ese entonces fue el secretario de gobernación, Manuel Bartlett Diaz, actualmente en el gabinete del presidente López.
Los abogados, especialistas en esta materia, tendrán que trabajar duro y rápido, para detener esta salvajada de reforma judicial.
Lic. Contador Público, Presidente de Grupo Mathasa y Consejero Estatal Vitalicio Del PAN
glujanp@mathasa.com.mx
