Los cambios políticos, que en poco tiempo han otorgado el poder a un partido como MORENA, partieron de la idea general de que la corrupción de los funcionarios de los partidos tradicionales, entendida como el uso indebido de las facultades del cargo para beneficio personal, era el origen de los males del país, básicamente, de las carencias en educación, seguridad y salud. Si bien, las carencias no sólo han permanecido en estas áreas, sino han aumentado, la gente las ve compensadas por la estabilidad económica ininterrumpida y el dinero repartido por el Estado.
Pero la gratificación inmediata de los beneficios recibidos no puede justificar las propuestas de reforma que podrían llevar a lo que, en un inicio, fue el motivo para votar en contra de los partidos corruptos. Estas ventajas inmediatas no dejan ver que sin órganos autónomos los caudillos pueden capturar el poder por largos periodos de tiempo y se inclinarán peligrosamente al autoritarismo, afín a países como Cuba, perjudicando la gobernabilidad democrática. Mantener en duda la prensa libre, las elecciones y el poder judicial son elementos destacados de esta estrategia.
La cleptocracia (dominio de ladrones), como sistema de gobierno que crea y mantiene instituciones con el fin de legalizar el enriquecimiento de pequeños círculos de poder de parientes y amigos leales al régimen, y no como efecto accidental, por su naturaleza, desestabiliza cualquier equilibrio de poder, corroe el estado de derecho y destruye las instituciones democráticas para mantener su dominio y acrecentarlo sin límites. De acuerdo al asesor Gerardo Berthin, los cleptócratas tratan al erario de su país como si fuera su cuenta bancaria personal. De esto, hay algunos ejemplos.
Muchos dirán que Rusia, China, Sudán del Sur, Angola, Venezuela o Cuba son ejemplos clásicos. Otros casos son más matizados como Estados Unidos, como el mayor proveedor de corporaciones fantasma anónimas, por su estructura para formar empresas y su paraíso fiscal de Delaware. En países como México, corremos el riesgo de que esta filosofía se glorifique como código moral y tienda a debilitar la gobernabilidad, más de lo que ya estaba, no sólo por la arbitrariedad de los individuos que llegan al poder, sino porque desean anular los mecanismos de rendición de cuentas.
Ya no puede juzgarse a un gobernante destructor si las leyes, tribunales, oficinas de auditoría, fiscales, la sociedad civil y los actores de los medios de comunicación dependen del régimen y su popularidad. Este círculo vicioso se refuerza con alianzas de empresas y actores del sector privado, con la premisa de que al beneficiarse de la corrupción institucionalizada, estarán protegidos políticamente y legalmente. Bajo esta lógica, se soborna a grupos y sectores (legales o ilegales) para que permanezcan leales, y se mantienen a los diferentes grupos divididos explotando su fragilidad.
Frente a este escenario, hay que consolidar la arquitectura anticorrupción nacional e internacional y las sanciones a funcionarios públicos por lavado de dinero y soborno. Calificar a los gobiernos que no divulgan públicamente contratos y licencias. Vacunar a la población contra el uso de tácticas de nacionalismo y la victimización de la interferencia de potencias extranjeras para evitar fiscalización. Un ciudadano informado, la clase media, los empresarios y las asociaciones civiles son la primera defensa. Una Corte Internacional Anticorrupción, sería mejor.
