Por Miguel Salvador Gómez González / Presidente del Sistema Estatal Anticorrupción
“Nada por respeto se puede callar, porque todo con respeto se puede decir”
Antes de entrar en materia, es necesario hacer alusión al artículo 134 de la Constitución Mexicana, la que nos dice: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”
Estas cinco condicionantes obligatorias (no son concesiones graciosas) del Art. 134, considero que existe una brecha que sigue sin cumplirse cabalmente. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en su análisis “Nuestro dinero” de 2022, da cuenta que la excepción sigue siendo la regla. Me refiero que ocho de cada 10 contratos en México se asignaron por adjudicación directa; detectaron que 1,700 violaron la ley al superar el monto que tenían permitido contratar; en 300 licitaciones se identificó un mecanismo de simulación de competencia; y, de las 264 instituciones analizadas, el 45% incumplieron con las leyes de compras pues dedicaron más de la mitad del monto de sus contratos en procedimientos que sólo deberían usarse excepcionalmente.
Si bien este análisis se hace en el ámbito federal, los estados y los municipios guardan comportamientos no tan diferenciados a los señalados, y que desgraciadamente las tendencias de disminución de bajar los porcentajes de adjudicaciones directas, o se han mantenido o su reducción ha sido marginal. Cabe aclarar que no estoy declarando que las inconsistencias detectadas sean actos de corrupción, sin embargo y hay que decirlo con firmeza, el riesgo que pueda existir es alto.
Hace apenas unos días, tuve el honor de representar al Sistema Anticorrupción de Chihuahua en la Asamblea del Sistema Nacional, donde los integrantes del Comité Coordinador aprobamos que se diera inicio al diseño y desarrollo de un plan de acción que atienda los principales retos en la materia de compras públicas y el ciclo de contratación pública en todo México y en las entidades federativas. Lo anterior con los antecedentes de la detección problemas en regulaciones deficientes del proceso, escasos procesos planeación de las contrataciones, bajo nivel de competencia, contrataciones a empresas de reciente creación, potenciales conflictos de intereses de servidores públicos con empresas proveedoras, falta o nula implementación de políticas de integridad en las empresas proveedores, entre otros.
En este mismo sentido es que Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, declaró que: “Es importante realizar reformas tanto en lo local como en lo nacional a las leyes de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, para con ello inhibir la corrupción en las compras que realizan los gobiernos”.
Suscribo lo que comenta Eduardo, ya que aún existen gobiernos que no conciben el ciclo completo de compras, el cual inicia desde el diseño de las propuestas de los ejercicios presupuestales, los mismos presupuestos autorizados y que no se terminan con la firma de contratos y los pagos correspondientes, sino cuáles es el destino o depósito final de los bienes o servicios comprados. Un largo camino que recorrer, pero toda carrera empieza por el primer paso.
