La situación ambiental de nuestro estado, afectado por sequía extrema, ha llevado a implementar estrategias para mitigar estos problemas y avanzar hacia una gestión sostenible. Por ello, presenté recientemente una propuesta de reforma a la Ley del Agua para crear un “Inventario Estatal de Infraestructura Hidráulica”, con la finalidad de mejorar la administración del recurso mediante sistemas eficientes de almacenamiento, tratamiento y distribución. Esta iniciativa busca crear mecanismos para una mejor gestión y planeación del uso del agua.
El proyecto resalta la importancia de la colaboración entre autoridades, especialistas y organizaciones civiles, promoviendo una visión conjunta para enfrentar los problemas ambientales y económicos de Chihuahua en su conjunto, con énfasis en despolitizar estos temas para encontrar soluciones integrales. Las estrategias incluyen prácticas agrícolas sostenibles, reforestación y mejoras en infraestructura hídrica, todos necesarios para hacer frente a la crisis en el estado.
Además, se reconoce la importancia de la reforestación para frenar la desertificación y restaurar el suelo. Se están desarrollando planes para combatir la tala ilegal y reforestar áreas afectadas, fomentando la conservación de ecosistemas. Estas acciones ayudan a que el suelo retenga agua y mejoran la biodiversidad, estabilizando el ambiente y haciendo al estado más resistente a la sequía.
La urgencia de estas medidas se refleja en el impacto de la sequía en el estado de Chihuahua. En décadas recientes la disponibilidad de agua ha disminuido drásticamente debido a factores climáticos y falta de infraestructura. Según el INEGI, la frecuencia e intensidad de las sequías ha aumentado, perjudicando sectores clave como agricultura, ganadería e industria. Este problema es especialmente grave en la Sierra Tarahumara, donde la falta de agua afecta tanto a los ecosistemas locales como a las comunidades indígenas que dependen de estos recursos.
La deforestación agrava aún más esta situación, pues la pérdida de bosques reduce la capacidad del suelo para retener agua y contribuye a la desertificación. Una cantidad significativa de bosques ha sido eliminada por tala ilegal y expansión agrícola y ganadera, afectando la biodiversidad y alterando el ciclo del agua, ya que los bosques actúan como esponjas que absorben y liberan agua de manera gradual. La deforestación, entonces, intensifica el ciclo de sequía y desertificación, creando un círculo vicioso en el que la falta de agua y la pérdida de vegetación se agravan mutuamente.
La economía ha sido gravemente afectada. La falta de infraestructura y las sequías prolongadas han vuelto improductivas muchas tierras agrícolas y la escasez de pastos afecta la ganadería. Las comunidades rurales, que dependen de estas actividades, enfrentan grandes retos económicos, obligando a algunas familias a migrar en busca de mejores oportunidades.
El estado de Chihuahua, uno de los principales productores de manzana, chile y nuez, corre el riesgo de ver reducidas sus cosechas, mientras que el sector ganadero experimenta problemas para mantener sus niveles de producción por falta de agua y pastos, ello afectando la producción de alimentos, lo que genera un aumento de precios y a una mayor inseguridad alimentaria.
La combinación de estas problemáticas exige una estrategia integral y sostenida que incluya tanto la gestión de recursos naturales como la restauración ambiental. Las propuestas legislativas, junto con la participación activa de la sociedad y una mayor conciencia colectiva, son esenciales para enfrentar estos desafíos. La situación en Chihuahua muestra la necesidad de replantear la gestión de los recursos, no solo para responder a la crisis actual, sino también para prevenir futuras amenazas ambientales y socioeconómicas en la región.
Maestría en Administración Pública. Diputado local por el Partido Verde
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