Por: M. Patricia Oros R.
El 5 de febrero de 2024, el presidente de la república envió a la Cámara de Diputados 20 proyectos de decretos, de los cuales 18 contienen reformas constitucionales y dos proponen reformas a diferentes leyes. Esto implica la modificación de 53 artículos constitucionales que, de ser aprobados, implicaría el mayor movimiento de reformas constitucionales simultáneas en la historia de México.
Como parte de esas reformas, se propone desaparecer siete organismos autónomos, entre ellos el INAI (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información) ¿Cuál es la justificación? Razones de austeridad, duplicidad de funciones y captura por intereses privados son los argumentos. Pero al decreto le faltó detallar cómo es que la complejidad de tareas que estos organismos realizan, así de fácil, se van a regresar a las secretarías de Estado. Tampoco explica las implicaciones presupuestales, funcionales y jurídicas.
Su propósito es claro, regresar al Ejecutivo facultades que pueda ejercer discrecionalmente y sin contrapesos. Lo más preocupante es que el decreto no analiza ni presenta propuestas para realizar los ajustes necesarios y que pudieran contribuir a la mejora institucional.
Los órganos constitucionales autónomos, tienen al mando a servidores públicos designados mediante diversos procedimientos que generalmente involucran a dos poderes. Gozan de presupuesto, autonomía de gestión y de decisión que garantiza su independencia al no estar subordinados funcionalmente a cualquiera de los tres poderes. Por esta poderosa razón son un contrapeso, particularmente, frente al Ejecutivo.
La eliminación de los órganos autónomos, incluido el (INAI) avanzó el pasado viernes en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Con 22 legisladores a favor y 17 en contra quedó aprobado en lo general el proyecto de decreto y en lo particular en todo lo que no haya sido reservado.
Hablando del INAI, originalmente denominado IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) cuando fue creado en el 2002 (cambiando su nombre en el 2013 con la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se buscó fortalecerlo otorgándole nuevas atribuciones y consolidándolo como organismo garante a nivel nacional. Esta reforma implicó también un logro de la sociedad ya que amplió el ejercicio del derecho de acceso a la información en igualdad de condiciones, sin restricciones y dotó a los ciudadanos de una herramienta para hacer valer su derecho humano al acceso a la información.
La iniciativa no busca sólo desaparecer al INAI, sino también a los órganos garantes de los estados, aun y cuando se pueden encontrar estudios e investigaciones, estadísticas e indicadores que evidencian claramente que luego de más de veinte años de actividad el desempeño de estas instituciones es positivo. El INAI y los órganos garantes estatales han permitido construir un entramado institucional que en muchas ocasiones es el único medio con que contamos los ciudadanos para tener acceso a información respecto de ciertos temas sensibles para el gobierno. Es como podemos comparar los datos reales con “los otros datos”. Además, se ha creado todo un sistema que permite garantizar y, en cierta medida, homogenizar la regulación y la interpretación del derecho de acceso a información en todo el país. Muchos años de evolución institucional echados a la basura.
Eliminar el INAI y los órganos garantes estatales impacta directamente a cada ciudadano. El derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos, a exigir la rendición de cuentas y a proteger nuestra privacidad fueron logros como sociedad democrática que ahora, repito, se echan a la basura con una iniciativa escueta, injustificada y mal planteada.