En otras ocasiones lo hemos mencionado, es evidente que al titular del Poder Ejecutivo le estorba la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas, valores de un estado democrático. Y que él ha desdeñado desde su paso por el gobierno capitalino.
En días pasados, los legisladores oficialistas aceleraron la aprobación en comisiones de los dictámenes de las reformas enviadas por el Ejecutivo que pretenden extinguir diversos órganos autónomos y “trasladar” sus funciones a diversas secretarías y dependencias de gobierno aduciendo una mal entendida simplificación administrativa y su tan cacareada falsa austeridad, pero que en realidad pretenden encubrir su intento de centralizar el poder y reducir la independencia de instituciones fundamentales para nuestra democracia.
Los organismos constitucionales autónomos han sido indispensables para el equilibrio del poder, toda vez que contribuyen a garantizar los derechos de las personas y a consolidar la vida democrática. Asimismo, en los últimos tiempos han evidenciado la corrupción y revelado desvíos millonarios de funcionarios cercanos al regimen morenista.
Acción Nacional reconoce la importancia de los órganos autónomos como es el caso del INAI que tuvo su origen en gobiernos panistas. La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros, cumplen funciones cruciales que no deberían estar bajo el control directo del Ejecutivo.
Ya que no solo compromete su independencia, sino que también podría llevar a una politización de decisiones técnicas y especializadas. Por ejemplo, la transferencia de las funciones del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes podría poner en riesgo la imparcialidad en la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, sectores vitales para la información y la libertad de expresión en nuestro país.
La desaparición del INAI es particularmente preocupante. ¿Cómo podemos confiar en que un gobierno, que intenta centralizar tanto poder, se autorregulará en términos de transparencia y acceso a la información pública?.
Durante las reuniones de parlamento abierto, quedó claro que estos órganos autónomos no solo son mecanismos de control y equilibrio, sino que también representan una garantía para la ciudadanía de que los derechos fundamentales sean respetados, ya que fueron creados precisamente para evitar el abuso de poder y asegurar que el Estado actúe con responsabilidad y transparencia.
Es importante destacar que diversas voces especializadas han expresado que la eliminación de estos órganos representa un retroceso de por lo menos 30 años en la lucha ciudadana por la democracia, como lo señaló recientemente Clara Jusidman. Por otro lado, es preocupante escuchar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, minimizar la eliminación de los órganos autónomos.
En conclusión la propuesta del Presidente, aunque se presenta como un esfuerzo por mejorar la eficiencia gubernamental, parece ser más un movimiento hacia la concentración del poder.
Es nuestro deber como ciudadanos y representantes públicos defender estos pilares de nuestra democracia. Sin ellos, corremos el riesgo de vivir en un país donde el poder se concentra en pocas manos y se limita la capacidad de la sociedad para exigir cuentas a sus gobernantes.
