Por: José Martínez Frausto (*)
El pasado día 5 del mes en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió desestimar una acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la llamada reforma judicial, cuyo punto toral es el cese, en dos tiempos, de ministros de la misma Corte, magistrados, magistradas, jueces y juezas federales, así como de las y los juzgadores de los poderes judiciales de los estados, para sustituirlos por las personas que sean electas por voto popular. La llamada “reforma judicial” deviene de la reforma a nuestra Constitución, en el sentido antes apuntado, en la que se contempla que pueden ser candidatos a ocupar esos cargos, como ya lo hemos apuntado en pasada colaboración, personas con apenas tres años de experiencia profesional, que en su carrera hayan tenido apenas una calificación promedio de 8, y además sin que tengan que presentar examen de conocimientos para ser designados candidatos al cargo.
Pero lo más grave es que, ante las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo promovidos en contra de tal reforma, el partido MORENA en las cámaras de diputados y senadores, para no correr el riesgo de que la Suprema Corte invalidara esa reforma constitucional, presentaron una nueva iniciativa para modificar la Constitución, estableciendo que en contra de cualquier reforma que se haga a la misma no cabrá ningún recurso.
Lo antes expuesto tiene estas consecuencias:
“La reforma judicial” queda firme, salvo lo que pudiese resolver, dentro de varios años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se destruyen el Poder Judicial de la Federación y los de los estados al cesar a miles de jueces federales y locales con muchos años de experiencia, sumamente capaces, por su capacitación constante en las escuelas judiciales.
Serán reemplazados por personas que, en su mayoría, no tienen la capacidad ni experiencia de los juzgadores de carrera eliminados.
Las personas escogidas como candidatos a ocupar los cargos, serán quienes sean militantes del partido MORENA o afines a éste, ya que los comités de evaluación (selección) de los poderes Ejecutivo y Legislativo son conformados por quienes designen la presidenta de la República y los representantes de MORENA en el Congreso.
Con ello, se conforma de hecho una dictadura en el país, pues la presidenta Sheinbaum tiene el control del poder legislativo, por mayoría de diputados y senadores de su partido. Y ahora, tendrá el control del poder judicial federal y de los estados al contar, a partir del próximo año, con jueces, magistrados y ministros “a modo”, o sea incondicionales del gobierno en el poder.
Con la mayoría calificada que tiene su partido en el Congreso de la Unión, la presidenta puede cambiar a su antojo la Constitución, en cuestiones que puedan afectarnos. Por ejemplo, imponer la pena de muerte, abolir el derecho de propiedad confiscando las de las personas que tengan más de una finca, imponer la prisión preventiva en delitos no graves, imponer restricciones a la libertad de expresión, a la de circulación, al derecho de acceso a la justicia, al derecho a un recurso efectivo en contra de los actos arbitrarios del gobierno etcétera.
En los casos en que proceda el juicio de amparo, por ejemplo ante impuestos elevados o cobros indebidos por la autoridad fiscal, los jueces “a modo” dictarán sentencias a favor del gobierno.
Se terminó la independencia judicial, la división de poderes, el estado de derecho, la justicia de calidad, instaurándose por tanto un gobierno autoritario, dictatorial, opaco, sin rendición de cuentas y sin órganos de control autónomos. ¿Esto es lo que quería el pueblo “bueno y sabio”?. Lo dudo.
* Ex presidente de la FEMECA y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua.