El déficit fiscal de México en el primer trimestre de 2024 alcanzó un nivel récord de 452,370 millones de pesos, equivalente al 5.5% del PIB estimado. Este resultado se debió principalmente al aumento del gasto público, en particular en programas sociales y en inversión en los mismos mamotretos de AMLO (Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, etc.), mientras que los ingresos fiscales no crecieron al mismo ritmo.
Este escenario reflejó una estrategia de expansión fiscal enfocada en programas clientelares para comprar lealtades y vender espejitos de obras faraónicas y tontas, pero que también generó preocupaciones respecto a la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.
Los principales analistas financieros han señalado que este nivel de déficit podría limitar la capacidad del país para responder a eventualidades y presionar la deuda pública. Además, la carga del servicio de la deuda, agravada por tasas de interés más altas, por haber bajado notablemente la calificación crediticia, representa un desafío adicional para mantener el equilibrio fiscal. Este panorama plantea interrogantes sobre la viabilidad económica del país, especialmente en un contexto global de incertidumbre económica y riesgos financieros.
Pero esta descuidada e irresponsable manera de manejar la economía nacional tiene sus consecuencias, el impacto de la disminución del presupuesto de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA para 2025 en la gestión hídrica plantea serios desafíos, especialmente en un país donde el acceso al agua enfrenta presiones crecientes debido al cambio climático, el crecimiento demográfico y la sobreexplotación de acuíferos. Un presupuesto reducido dado que se propone asignarle solo 37 mil 119 millones de pesos, lo que representa una reducción anual de 43.2% en términos reales, implica una menor capacidad para invertir en infraestructura hidráulica, como presas, acueductos y sistemas de distribución, esenciales para garantizar el acceso equitativo al agua en regiones vulnerables.
Además, afecta programas críticos como la rehabilitación de redes urbanas y rurales, necesarias para reducir el desperdicio hídrico, que en algunos estados alcanza niveles alarmantes superiores al 40%. La reducción presupuestal también compromete la capacidad de monitoreo y control de los cuerpos de agua, vital para prevenir la contaminación y regular las concesiones de extracción. En un país donde el 70% de las aguas superficiales están contaminadas, este es un aspecto crucial para la salud pública y la conservación ambiental.
La disminución en los recursos puede debilitar programas de atención a emergencias hídricas, como sequías o inundaciones. Estos eventos son cada vez más frecuentes y severos en México, exacerbando desigualdades y afectando principalmente a comunidades marginadas y se traduce en mayores costos a largo plazo, debido a la necesidad de enfrentar crisis hídricas más frecuentes e intensas. La planificación y financiamiento adecuado para esta entidad son fundamentales para garantizar un manejo sostenible del agua y reducir las desigualdades en su acceso. Al tiempo.
Ingeniero Industrial y de Sistemas. Presidente de la JCAS
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