En el Día de la Independencia de México conmemoramos los ideales que guiaron la lucha por nuestra libertad en 1810: soberanía, autodeterminación y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Estos principios nos liberaron del dominio colonial y nos permitieron construir una nación basada en la justicia y el equilibrio de poderes. Sin embargo, hoy enfrentamos una amenaza creciente: la pérdida de nuestra independencia política y jurídica, impulsada por reformas judiciales controversiales y el control excesivo del Poder Legislativo y Ejecutivo.
El primer pilar de nuestra independencia que está en riesgo es la “separación de poderes”. Este principio garantiza que ningún poder —Ejecutivo, Legislativo o Judicial— concentre demasiado control, preservando así la libertad y los derechos ciudadanos. La independencia del Poder Judicial es esencial para una justicia imparcial que proteja a los ciudadanos de abusos. Sin embargo, las recientes reformas judiciales han empezado a debilitar esa autonomía. La politización del sistema judicial, mediante el nombramiento de jueces y magistrados leales al Ejecutivo, socava la capacidad del Poder Judicial de actuar como un contrapeso efectivo frente a los excesos de otros poderes. Si la justicia se inclina a favor de intereses políticos, se pone en peligro la equidad y la protección de los derechos fundamentales.
El segundo punto clave es el “control del Poder Legislativo”. En una democracia, el Congreso debe ser un foro de debate y deliberación, un lugar donde se representen los intereses de los ciudadanos y se legisle con imparcialidad. Sin embargo, cuando el Poder Ejecutivo coacciona o controla al Legislativo, se elimina esta función de contrapeso y se compromete la capacidad de los ciudadanos para participar en las decisiones de su gobierno. Las leyes aprobadas de forma apresurada, sin suficiente debate y a conveniencia de una sola facción política, distorsionan los principios democráticos y comprometen la soberanía popular.
Además, la “concentración del poder en el Ejecutivo” es una amenaza directa a nuestra independencia. En un sistema democrático, el Ejecutivo debe ser vigilado por los otros poderes, pero cuando éste concentra cada vez más poder sin ser debidamente supervisado, se allana el camino hacia el autoritarismo. Esto va en contra de los ideales de la lucha independentista, donde los ciudadanos buscaban un gobierno que respetara sus derechos y que estuviera al servicio del pueblo, no de un líder o grupo en particular.
Si seguimos por este camino, perderemos no sólo el “equilibrio de poderes” y la imparcialidad de la justicia, sino también la “libertad de expresión”, la “participación ciudadana” y el “derecho a una autodeterminación política genuina”. Los ciudadanos quedarán expuestos a decisiones arbitrarias, sin los mecanismos adecuados para proteger sus derechos.
Así como en 1810 luchamos por liberarnos del dominio extranjero, hoy debemos luchar para preservar nuestra independencia interna, defendiendo la democracia, el Estado de derecho y los principios de justicia que tanto esfuerzo nos costó alcanzar. La concentración del poder y el debilitamiento de nuestras instituciones son un peligro real, y nuestra libertad depende de nuestra capacidad para resistir estas tendencias ¡¡Viva la Independencia interna de México!!
Doctor en Administración. Director del Instituto de Emprendimiento del ITESM, región norte
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