/ viernes 5 de julio de 2024

El Espectador / El viacrucis judicial del Grand Hyatt Cancún

La reforma al Poder Judicial tocará en algún momento a todos los tribunales que tienen sede en los estados, pues en cada región abundan ejemplos de casos en que jueces y magistrados han cometido abusos e incluso puesto en riesgo la certeza jurídica. Ante estos eventos, ha sido la propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha tenido que salir a garantizar que las modificaciones al PJF alcanzarán a sus brazos estatales para mejorar la impartición de justicia. Por ejemplo, en Quintana Roo, donde gobierna la morenista Mara Lezama, hay un caso en el Poder Judicial Federal que tiene en alerta a la Profepa, de Blanca Alicia Mendoza, y a la propia presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta. Se trata de la suspensión de la obra del hotel Grand Hyatt Cancún, que llevaba cuatro años construyéndose sobre un terreno designado para desarrollo hotelero desde hace décadas por Fonatur, y con todos los permisos otorgados desde 2020.

La suspensión fue promovida por un exfuncionario del Poder Judicial Federal, Pablo Andrei Zamudio Díaz, quien recurrió a un amparo en el juicio 222/2022 y consiguió que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Cancún le concediera el acto jurídico, paralizando la obra desde hace 18 meses y ocasionando la pérdida de más de mil empleos. El exfuncionario Zamudio, es esposo de Miriam Suárez Padilla, quien funge actualmente como secretaria en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México; antes, fue magistrada suplente en uno de los tribunales colegiados que recientemente falló en favor de su esposo en el mencionado caso.

Zamudio Díaz vive en el fraccionamiento donde se construye el Hyatt, y es propietario de un lujoso departamento en un edificio de 20 niveles, frente a la marina. Paradójicamente, su departamento comparte la misma manifestación de impacto ambiental que tiene la obra del Grand Hyatt. Los ejecutivos de Hyatt Internacional no se explican cómo es posible detener una obra avalada y auditada por Semarnat, Profepa y todas las demás autoridades, sobre todo cuando la demanda se basó en dichos de un supuesto daño ambiental, que ya han sido denunciados ante el Ministerio Público Federal por ser falsos.

El abogado Zamudio tiene un historial de conflicto por donde ha pasado. Después de reprobar varias veces los exámenes para ser Juez Federal, y tras demandar a los órganos judiciales porque no lo designaron, decidió utilizar sus relaciones para litigar asuntos privados y para crear en muy poco tiempo más de 10 empresas vinculadas con la construcción. No pareciera haber en el historial de Zamudio nada de ecologista, sin embargo, los Jueces le han permitido causar un gran daño a la Empresa Mexicana Diestra Realty, con 95 años de existencia y gran prestigio desde que se edificó el primer Hotel Emporio en Paseo de la Reforma. Este tipo de asuntos, por desgracia, han desprestigiado al Poder Judicial Federal, y tienen a los inversionistas cada vez más preocupados. Un caso de tal vez miles que se presentan en este país y que dan la razón al habitante de Palacio.

La reforma al Poder Judicial tocará en algún momento a todos los tribunales que tienen sede en los estados, pues en cada región abundan ejemplos de casos en que jueces y magistrados han cometido abusos e incluso puesto en riesgo la certeza jurídica. Ante estos eventos, ha sido la propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha tenido que salir a garantizar que las modificaciones al PJF alcanzarán a sus brazos estatales para mejorar la impartición de justicia. Por ejemplo, en Quintana Roo, donde gobierna la morenista Mara Lezama, hay un caso en el Poder Judicial Federal que tiene en alerta a la Profepa, de Blanca Alicia Mendoza, y a la propia presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta. Se trata de la suspensión de la obra del hotel Grand Hyatt Cancún, que llevaba cuatro años construyéndose sobre un terreno designado para desarrollo hotelero desde hace décadas por Fonatur, y con todos los permisos otorgados desde 2020.

La suspensión fue promovida por un exfuncionario del Poder Judicial Federal, Pablo Andrei Zamudio Díaz, quien recurrió a un amparo en el juicio 222/2022 y consiguió que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Cancún le concediera el acto jurídico, paralizando la obra desde hace 18 meses y ocasionando la pérdida de más de mil empleos. El exfuncionario Zamudio, es esposo de Miriam Suárez Padilla, quien funge actualmente como secretaria en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México; antes, fue magistrada suplente en uno de los tribunales colegiados que recientemente falló en favor de su esposo en el mencionado caso.

Zamudio Díaz vive en el fraccionamiento donde se construye el Hyatt, y es propietario de un lujoso departamento en un edificio de 20 niveles, frente a la marina. Paradójicamente, su departamento comparte la misma manifestación de impacto ambiental que tiene la obra del Grand Hyatt. Los ejecutivos de Hyatt Internacional no se explican cómo es posible detener una obra avalada y auditada por Semarnat, Profepa y todas las demás autoridades, sobre todo cuando la demanda se basó en dichos de un supuesto daño ambiental, que ya han sido denunciados ante el Ministerio Público Federal por ser falsos.

El abogado Zamudio tiene un historial de conflicto por donde ha pasado. Después de reprobar varias veces los exámenes para ser Juez Federal, y tras demandar a los órganos judiciales porque no lo designaron, decidió utilizar sus relaciones para litigar asuntos privados y para crear en muy poco tiempo más de 10 empresas vinculadas con la construcción. No pareciera haber en el historial de Zamudio nada de ecologista, sin embargo, los Jueces le han permitido causar un gran daño a la Empresa Mexicana Diestra Realty, con 95 años de existencia y gran prestigio desde que se edificó el primer Hotel Emporio en Paseo de la Reforma. Este tipo de asuntos, por desgracia, han desprestigiado al Poder Judicial Federal, y tienen a los inversionistas cada vez más preocupados. Un caso de tal vez miles que se presentan en este país y que dan la razón al habitante de Palacio.

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