La subcontratación ha sido positiva para el sector empresarial, hecho evidente en ahorros, cargas administrativas, y optimizaciones; para muchas personas, es indispensable para el desarrollo y crecimiento de la economía. Pero éstas no son razones suficientes para poner en riesgo el cumplimiento de las regulaciones, lo cual afecta tanto a las y los trabajadores como a la Hacienda Pública, particularmente en lo que concierne a las prestaciones laborales, de seguridad social y hasta de vivienda.
La reforma propuesta por el gobierno de México sin duda generará un ajuste en la organización de las empresas, en la generación de empleos y en la economía nacional, por lo que existe inquietud en el sector empresarial dadas las implicaciones para la miríada de contratos laborales que actualmente rigen la prestación de servicios bajo este esquema.
Desafortunadamente para las y los miles de empresarios que cumplen a cabalidad con la normativa, esta práctica ha sido utilizada para incrementar las utilidades empeorando las condiciones laborales, dificultando la organización colectiva y evitando el pago de cuotas, alejándose del concepto de trabajo digno que establece nuestra Carta Magna.
Dentro de la discusión que se ha dado a través de los años, las propuestas han abarcado desde la pretensión radical de eliminar la figura hasta el establecimiento de formas regulatorias que permitan un diferente y mejor ejercicio del mismo como una herramienta para competir en los mercados de trabajo nacionales e internacionales. Por otro lado, hay quienes afirman que ya existe un marco legal adecuado, y que sólo hace falta hacer cumplir la ley.
Por la irresponsabilidad de algunas empresas, se llega a tasar a otras que han encontrado en esta figura la posibilidad de incrementar las fuerzas laborales, cumpliendo de manera escrupulosa con los lineamientos que se tienen en materia fiscal, laboral o de seguridad social, garantizando y dando certeza a las y los trabajadores que emplean en el desarrollo de su relación laboral.
En este sentido, la responsabilidad del Estado es integral: se debe velar por generar condiciones económicas y sociales que creen empleo estable, así como realizar acciones tendientes a garantizar las prestaciones que le corresponden a las personas trabajadoras. Sólo encontrando el equilibrio correcto en esta fórmula, se logrará impactar positivamente el desarrollo económico y bienestar social para el pueblo de México.
Hoy más que nunca se requieren políticas que estimulen el mercado laboral y reactiven la economía, por lo que el Congreso, así como la mesa de negociación de alto nivel entre el Ejecutivo Federal y la IP, deberán debatir y analizar para determinar, a través de la discusión democrática, cuál será el mejor camino para garantizar el empleo digno, mientras que, al mismo tiempo, se incentiven las inversiones del sector empresarial.
Sin la necesidad de esperar lo que se decida, creo que todas las personas podemos estar de acuerdo con que es la obligación moral de todas y todos los ciudadanos que utilicen esta figura legal, como personas cívicamente responsables, el asegurarse que las personas subcontratadas cuenten con un contrato, y que la empresa contratista cumpla con sus obligaciones de seguridad social; y, además, en que se deben evitar los riesgos de la sobrerregulación y criminalización.
