Es un momento crucial para la democracia mexicana, ya que en días pasados se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados eliminar los organismos públicos autónomos; desde hace tiempo he manifestado mi postura en contra de cualquier intento por desmantelar instituciones que han permitido avanzar en el país, así como he señalado que la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación no va encaminada a generar justicia; se ha generado una acción desde el poder público para debilitar mecanismos fundamentales de control público, como el juicio de amparo. Este recurso, que ha sido un pilar en la defensa de los derechos individuales desde el siglo XIX, ha servido como una barrera contra el abuso de poder y ha fortalecido a la sociedad en su lucha contra los tiranos.

A lo largo de los años, nuestro país ha firmado y ratificado tratados internacionales que nos obligan a mantener y fortalecer órganos autónomos, esenciales para la protección de los derechos humanos y la preservación de las libertades fundamentales. Estos compromisos internacionales no son meras formalidades; son un reflejo del respeto que México tiene hacia el estado de derecho y la justicia.

La defensa del Poder Judicial no es una cuestión de partido, sino de principios. Diversos sectores de la sociedad, incluyendo el sector empresarial, embajadores de naciones aliadas y estratégicas, así como destacados juristas, académicos y trabajadores del Poder Judicial, han alzado la voz en favor de la autonomía e independencia del Poder Judicial. Estos llamados deben ser escuchados con atención y seriedad, dejando de lado dogmas, odios y consignas que solo dividen a la nación.

Es preciso hacer un llamado a todos los actores políticos y sociales para que, en un acto de responsabilidad y madurez democrática, se analicen las reformas necesarias para el Poder Judicial de manera objetiva y sin prejuicios. La reforma judicial que México necesita debe ser una que fortalezca las instituciones, garantice el respeto a los derechos humanos, privilegie el acceso a la justicia y asegure la independencia del Poder Judicial, alejándose de cualquier intento de centralización del poder que podría poner en riesgo las libertades fundamentales de la ciudadanía.

México se encuentra en una encrucijada histórica. Es momento de decidir si queremos un país donde el estado de derecho prevalezca y las instituciones autónomas se mantengan fuertes, o si, por el contrario, permitiremos que los intereses particulares socaven las bases de nuestra democracia.

No se debe actuar con el pretexto de que el bono democrático les da la autoridad para hacer lo que quieran; una cosa es el voto mayoritario obtenido para seguir con la politica de los programas sociales y otra es que se le niegue en derecho a la justicia a la sociedad.

Estoy convencido que nuestra posición debe estar del lado de la defensa de los derechos humanos, la justicia y la autonomía del Poder Judicial, en beneficio de toda la sociedad.

Esperemos reaccione la mayoría que actúa amenazante con la oposición.

ALEX DOMÍNGUEZ