Por Alex Batista
Hoy, mientras en la Cámara de Diputados se busca aprobar una reforma para hacer imposible impugnar cualquier cambio constitucional, queda en evidencia la gran obsesión de MORENA por someter al poder judicial, llevándose entre las patas a todo el sistema jurídico mexicano.
Para entender esta reforma, es fundamental conocer el contexto de origen. La iniciativa responde a la orden de una juez que exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar el decreto de reforma al poder judicial, orden que fue desacatada e ignorada, pese a que este incumplimiento conlleva consecuencias penales.
Lamentablemente, esta no es la primera vez que MORENA decide ignorar decisiones judiciales cuando no le son favorables.
Por ejemplo, hace algunos años, varios amparos ordenaron detener la construcción del Tren Maya debido al impacto ambiental. La respuesta de López Obrador fue ignorar estas suspensiones y negar el daño ambiental, a pesar de las pruebas y las manifestaciones.
En otra ocasión, un juez ordenó al Senado escoger de inmediato las vacantes del INAI, que llevaba años sin el número mínimo de comisionados para sesionar y atender los asuntos pendientes. La mayoría de MORENA en el Senado optó por ignorar esta orden, ya que le beneficiaba la inactividad del Instituto de Transparencia.
Estas acciones envían un mensaje preocupante a la gente: si la presidenta y MORENA pueden ignorar la orden de un juez, ¿Yo también puedo?
A pesar de su postura de anarquía legal, MORENA no deja de sorprendernos. En lugar de respetar la ley, prefieren modificarla a modo, eliminando de la Constitución cualquier mecanismo que pueda defender los derechos humanos.
Están eliminando el amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, instrumentos que, como señala la Asociación Mexiro, “no son meros procedimientos legales”, sino herramientas para proteger los derechos humanos frente a abusos de autoridad.
México advierte que estas iniciativas no solo atentan contra la división de poderes, sino que también ponen en riesgo el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables, quienes encuentran en el amparo una última esperanza para defender sus derechos.
Incluso el propio ministro Zaldívar hace tiempo se opuso a estas iniciativas autoritarias, planteando que “si se establecen en la Constitución tortura, tratos inhumanos, esclavitud, ¿no es impugnable?”. ¿Acaso no debe haber recursos legales para cuestionar estos abusos?
Todo esto refleja el pleito entre MORENA y el poder judicial, un enfrentamiento que parece haber nublado el juicio del oficialismo.
Su ambición es tal que han olvidado el compromiso establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde se asegura que “el Poder Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las determinaciones del Legislativo ni del Judicial”, con el objetivo de “recuperar el estado de derecho” y evitar que las leyes sean vistas como optativas y discrecionales.
Ante las múltiples órdenes judiciales que MORENA ha desacatado, estamos presenciando la consolidación de un régimen autoritario, obsesionado con usar la fuerza del Estado para intimidar y debilitar a quienes piensan diferente.
Porque si el gobierno no garantiza que la ley se aplique de manera equitativa y solo la hace valer según su conveniencia: ¿Realmente estamos viviendo una transformación?
@alexbatista0