Imaginemos a Ana, una joven que, preocupada por la calidad del agua de su comunidad, decide investigar. Gracias a su derecho a la información pública, solicita datos a la institución responsable del agua en su estado. Recibe informes sobre la calidad del agua, inversiones en infraestructura y detalles de los proyectos en curso. Todo esto le permite participar en la mejora de su comunidad y, de paso, exige que las autoridades rindan cuentas. Lo más valioso es que confía en que su derecho está protegido por un organismo imparcial y autónomo que garantice la transparencia.
Pero ¿qué pasaría si estos órganos dejarán de ser autónomos? La independencia del INAI y del Ichitaip no es un lujo, sino una necesidad democrática. Estas instituciones fueron creadas para estar libres de los intereses políticos del momento, para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la información pública sin manipulaciones y que sus datos personales estén protegidos.
La autonomía del INAI y del Ichitaip les permite actuar sin influencias políticas que comprometan su labor. Siendo independientes, pueden exigir cuentas tanto al gobierno como a otros actores sin temor a represalias. En resumen, protegen los derechos de los ciudadanos, no los intereses de quienes están en el poder.
Estos organismos autónomos son los guardianes del acceso a la información y de la protección de nuestros datos personales. Al debilitar su autonomía, ponemos en riesgo la transparencia y nuestras libertades individuales, como la privacidad.
Volvamos a Ana. Imaginemos que, al solicitar la información sobre el agua, se encuentra con obstáculos. Quizá la institución responsable ya no siente la misma presión de rendir cuentas porque el órgano que debería supervisarla ha perdido su autonomía. O peor aún, la información podría ser manipulada para evitar problemas políticos. Ana no solo perdería acceso a la información, sino también la confianza en las instituciones que deberían protegerla.
Si el INAI y el ICHITAIP dejan de ser autónomos, corremos el riesgo de que su función se distorsione. Cuando la transparencia sirve al poder y no a la ciudadanía, la democracia sufre. Los derechos de acceso a la información y protección de los datos personales no son concesiones del gobierno, sino garantías constitucionales que equilibran la relación entre los ciudadanos y el Estado.
Sin la autonomía de estas instituciones, la información pública se volvería menos accesible y los datos personales menos seguros. La centralización del poder limita la participación ciudadana y el acceso a la verdad, debilitando el tejido democrático.
Defender la autonomía del INAI y del Ichitaip es defender la democracia. Si queremos un gobierno que rinda cuentas y una sociedad donde la información pública sea accesible y nuestros datos están protegidos, debemos preservar la independencia de estos órganos. Ana, y millones de ciudadanos como ella, necesitan organismos imparciales que velen por sus derechos, sin importar quién esté en el poder.
En este sentido, la autonomía no es solo una formalidad legal, es un pilar de la democracia. Defenderla significa defender el derecho de los ciudadanos a acceder a la verdad y proteger su privacidad en un mundo cada vez más interconectado. Las historias como la de Ana deben seguir siendo la norma, no un recuerdo de cuando confiábamos en las instituciones.
El riesgo de perder la autonomía del INAI y el Ichitaip no es menor. Su independencia es clave para que los ciudadanos puedan exigir cuentas y participar en los asuntos públicos. Defendamos la autonomía, la transparencia y nuestra democracia.
Autor: Jesús Abdala Abbud Yepiz, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua
