La reciente aprobación y entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial marcó un retroceso significativo para nuestro país. Esta medida, obliga a las entidades federativas a realizar modificaciones constitucionales y elecciones para la integración de este poder en un plazo de 180 días.
Hasta ahora, solo cuatro estados han cumplido con los ajustes. Todos, bajo administraciones de Morena, lo han hecho con procedimientos que priorizan intereses políticos sobre todo lo demás que esto implica. Esto no augura un panorama favorable ni para la justicia ni para los derechos de los ciudadanos, las mayorías aplastantes no significan cambios de raíz.
El próximo año 2025 traerá consigo nuevos personajes en los poderes judiciales locales y federales. La experiencia ha demostrado que los nombramientos apresurados y politizados son peligrosos. Los tribunales no son espacios para curvas de aprendizaje ni para clases de derecho constitucional “express”. En ellos se resuelven cuestiones críticas: la libertad, la propiedad, la salud y la integridad de las personas.
La independencia y la carrera judicial son elementos esenciales para quienes toman estas decisiones. La reforma, sin embargo, abre la puerta a un modelo en el que cargos de altísima responsabilidad recaen en perfiles elegidos no por méritos, sino por conveniencia política. Esto, lejos de fortalecer la justicia, la debilita y la expone a presiones que deberían estar fuera de las salas de los tribunales.
No se puede ignorar que esta reforma también tendrá efectos en los poderes judiciales locales. Cada entidad enfrentará retos particulares para adaptar sus sistemas a las nuevas disposiciones. Esto podría agravar los problemas de acceso a la justicia y generar incertidumbre en un país donde los derechos humanos están muy lejos de estar plenamente garantizados.
El reto es grande, y el riesgo es claro: la posibilidad de que el sistema judicial se convierta en una herramienta al servicio del poder y no en un espacio que garantice justicia para todos.
El tiempo corre y la reforma ya es una realidad. Sin embargo, esto no significa que debamos aceptar sin cuestionar sus implicaciones. Es responsabilidad de todas y todos —legisladores, jueces y ciudadanos— vigilar que los procesos de implementación se realicen con la mayor transparencia y respeto a los principios de justicia e independencia.
Morena ha demostrado que su prioridad no es fortalecer las instituciones, sino adaptarlas a su conveniencia. Este no es un escenario que debamos normalizar ni permitir.
Si bien es cierto, la reforma al Poder Judicial es un recordatorio de que las instituciones no son estáticas, también lo es que, tampoco deben ser moldeadas al antojo del poder en turno.
Este momento histórico nos exige reflexionar profundamente sobre el tipo de país que queremos construir. ¿Permitiremos que la justicia sea una herramienta de poder o trabajaremos para fortalecerla como una garantía de igualdad y derechos? La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro de nuestro sistema judicial, sino el de nuestra democracia.
@SoyMarioSias