Francisca vive en Chile y decidió convertirse en madre a sus 20 años en el año 2002 pero, en la primera etapa de su embarazo descubrió que era VIH positiva y siguió con el tratamiento para proteger a su hijo del virus y programó la cesárea, la cual se llevó a cabo con un procedimiento alterno el cual ella jamás autorizó: la esterilizaron mediante la ligaduras de trompas de Falopio.
¿Las razones?
Que era “una mujer irresponsable, que no debía ser madre por su condición”, a pesar de que la joven chilena deseaba tener más hijos o hijas.
“Francisca fue discriminada por vivir con VIH, y sin preguntarle, mientras estaba anestesiada, un equipo médico decidió cortar su autonomía y quitarle su capacidad reproductiva para siempre con base en estereotipos de género. Las mujeres que viven con el VIH se enfrentan a situaciones de discriminación cuando acceden o intentan acceder a los servicios de salud”, reportó el Centro de Derechos Reproductivos.
Ahí comenzó el largo camino de Francisca para buscar justicia con las autoridades de su país, pero archivaron su demanda en 2008 por “falta de pruebas y porque según el hospital ella había dado su consentimiento verbal para el procedimiento”, por lo que en 2009, la joven denunció al Estado chileno por esterilizarla sin su permiso ante la CIDH, órgano que admitió su caso hasta el 2014.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que los Derechos Humanos de Francisca fueron violados ya que ella debió firmar un documento en el que autorizaba la esterilización. Mismo que debía tener la firma directivos del nosocomio pues así lo dicta la ley chilena.
Sin embargo, esto no sucedió. Por lo que en 2017 la CIDH organizó una audiencia pública con ambas partes, es decir, con la defensa de Francisca y el Estado chileno.
El Estado chileno ofreció firmar un acuerdo amistoso con Francisca que se trabajó por casi 4 años y finalmente fue firmado el pasado 3 de agosto de 2021.
Esto se logró gracias al apoyo del Centro de Derechos Reproductivos y de “Vivo Positivo”, organizaciones que llevaron el caso a la CIDH.
Con este acuerdo el Estado chileno se comprometió a tomar medidas estructurales para que no vuelvan a ocurrir esterilizaciones forzadas en el país.
Francisca y su hijo van a recibir una indemnización económica y apoyo para una vivienda y educación por parte del Estado chileno. Esperan que su caso sea un presente y un ejemplo para que el gobierno Chile garantice y respete los derechos de las mujeres, muy en particular, el deber del personal de salud de obtener el consentimiento previo, libre e informado de un proceso médico.
Esto no debe ocurrir en ninguna parte del mundo. Los derechos deben de ser respetados y los procedimientos deben ser clarísimos y asequibles para todas y todos.
