La reforma judicial que Morena impulsa es un ataque a las instituciones y una amenaza para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Madres trabajadoras, mujeres violentadas, campesinos y estudiantes verían limitado su acceso a una justicia imparcial si esta propuesta avanza. En lugar de democratizar la justicia, Morena busca centralizar el control del Poder Judicial, lo que representa un golpe mortal para la democracia.
La justicia no puede estar al servicio de un partido político ni ser manipulada para intereses particulares. Aunque Morena insiste en que esta reforma es necesaria para mejorar el sistema, su verdadera intención es controlar a jueces y magistrados, debilitando su independencia. Esto tendría graves consecuencias no solo para las víctimas de injusticia, sino para todo el país.
Las movilizaciones recientes de trabajadores judiciales y ciudadanos demuestran que el pueblo no permitirá que la justicia sea politizada. La gente entiende que esta reforma va más allá de lo legal: es una amenaza directa a los derechos y libertades fundamentales. Los mexicanos saben lo que está en juego y están listos para defender un sistema judicial libre de influencias políticas.
Los legisladores que se oponen a esta reforma tienen una responsabilidad moral y cívica de resistir. No deben permitir que Morena avance con una propuesta que pone en riesgo la democracia. La justicia debe ser impartida por jueces seleccionados por su capacidad y experiencia, no por su afiliación política.
La propuesta de elegir jueces por voto popular, como sugiere Morena, no solo es imprudente, sino peligrosa. Transformaría la elección de jueces en un concurso de popularidad, donde la experiencia y la imparcialidad quedarían relegadas a un segundo plano. Esto abriría la puerta a decisiones judiciales basadas en campañas políticas y no en la ley.
Este intento de imponer la reforma es una clara estrategia para debilitar las instituciones democráticas y consolidar el control del gobierno sobre la vida pública. La independencia del Poder Judicial es esencial para garantizar la justicia, y sin ella, no hay Estado de derecho.
Resistir esta reforma es una obligación cívica. No solo se trata de defender a los trabajadores del Poder Judicial, sino de proteger el derecho de todos los mexicanos a un sistema que no esté manipulado por intereses partidistas. Si esta reforma avanza, sentará un peligroso precedente donde jueces y magistrados serán controlados por quienes ocupen temporalmente el poder.
La ciudadanía no ha sido ni será apática ante este ataque. Las protestas y voces que se alzan contra esta reforma muestran que los mexicanos están dispuestos a defender sus derechos. No podemos retroceder en esta lucha; es fundamental que los legisladores permanezcan firmes en su oposición.
En este momento crucial para México, no podemos permitir que la justicia sea sacrificada por intereses políticos. Defender la independencia del Poder Judicial es una responsabilidad de todos. Cada ciudadano debe alzar la voz para evitar que esta reforma avance y cause un daño irreversible al país.
No cederemos. La justicia y la democracia están en juego.
