Por: Roxana García

En ocasiones a los organismos electorales la ciudadanía en general nos aglutina en una sola bolsa electoral: INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunales Estatales Electorales y OPLE; la realidad es que al ser organismos electorales, todos cumplimos con la función de respetar y garantizar el voto de la ciudadanía. Son minucias llamarnos de una manera u otra, por lo que es común que a los órganos electorales nos digan INE y nos pidan la reposición de la credencial de elector.

Cuando algo funciona bien y sin problemas, como en el caso de los organismos electorales, no distrae la atención del ciudadano; no te fijas en las marcas o nombres precisamente porque está cumpliendo con su propósito.

Hace unos días se presentó un proyecto de reforma política-electoral que propone, entre otras cosas, eliminar a los Institutos y a los Tribunales electorales en los estados; el propósito es crear una sola justicia electoral nacional y centralizada.

Los tribunales electorales estatales son los encargados de dirimir por medio de sus sentencias las controversias que se suscitan relacionadas con las elecciones de ayuntamientos, diputaciones, sindicaturas y gubernaturas.

La centralización de la función jurisdiccional electoral afecta tanto a los tribunales locales, como a actores políticos, candidatos y partidos; generando una justicia electoral lejana a la ciudadanía, minimizando la profesionalización en los estados, impidiendo que se formen nuevos perfiles, aunado al costo económico que genera resolver las disputas electorales ante autoridades judiciales distantes y con total desconocimiento de la realidad existente en la comunidad.

En Chihuahua el proceso electoral 2021, las partes estuvieron conformes en un 80% de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral, y de 110 impugnaciones, el TEPJF modificó 1 y revocó 9, lo que representa un 98.18% de efectividad de nuestras sentencias.

En el panorama nacional, de las sentencias emitidas por los tribunales electorales de la República Mexicana, sólo se impugna un 28% de sus resoluciones y cuentan con un promedio de efectividad del 94%. Las propuesta de reforma no establece cómo o quién hará la labor de juzgar todas esos asuntos que resuelven los tribunales locales y no se van a otra instancia; ya que el TEPJF no tiene la capacidad operativa y económica para conocer un 70% más de asuntos que se presenten en el país.

Los órganos electorales de los estados cumplen 25 años, contribuyendo a la consolidación de la democracia. Ejemplo de ello es la alternancia y pluralidad que vive México como nunca en su historia. Actualmente hay titulares de las gubernaturas en los estados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, así como en el resto de los cargos de elección popular en el territorio nacional.

Los Tribunales son pieza fundamental en la formación del derecho electoral en temas como la paridad en la integración de los órganos públicos, consolidación de candidaturas independientes, principio de reelección, así como justicia electoral incluyente que, por primera vez, ha atendido la protección a grupos vulnerables como comunidades indígenas, mujeres, personas con discapacidades y diversidad sexual.

Muchas de estas iniciativas surgieron en los Institutos Electorales Estatales y otras tantas mediante sentencias de Tribunales Locales que, si bien fueron ratificadas por el TEPJF, nacieron por criterios estatales.