Decía Carlos Monsiváis que “la flojera del mexicano más bien se llama desempleo”. Su hipótesis, aunque corta, corresponde a una visión muy auténtica de un problema que ha perseguido al pueblo de este país por décadas -tal vez siglos-, la cual se opone a la verdad cinematográfica o televisiva que pinta a la mexicanidad con los colores el ocio, la corrupción y la pobreza que han condenado, irremediablemente, a los moradores de esta bendita tierra al subdesarrollo.
“¡Son pobres porque quieren!”; “¡que se pongan a hacer algo de provecho!”; “¡no les den pescado, enséñenles a pescar!”; son sólo algunos de los mantras que repiten los profetas del emprendimiento, las finanzas o las buenas costumbres, en contra de aquellos sectores de la población que, instalados en la marginación, son sujetos a apoyos sociales de forma sistemática.
Recientemente el gobierno federal ha hecho público su interés de reformar la Constitución en un sinfín de temas, entre los que destaca una modificación al artículo 123° para que este incluya al siguiente texto: “El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, etc […]”
La propuesta, que coloquialmente se ha conocido como iniciativa nini -por aquellos que ni estudian ni trabajan-, justifica su relevancia en la complicada situación que atraviesan la mayoría de los jóvenes mexicanos que, tan sólo durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, alcanzaron cifras dramáticas que los colocaron en el tercer lugar mundial de desocupación juvenil según la OCDE. Para el año 2022 se contabilizó una población total de jóvenes, entre los 15 y 24 años de edad, de casi 22 millones, la cual corresponde al 17.1% del demográfico total nacional. De esta población casi 9 millones están ocupados en alguna actividad laboral; cerca del 49% laboran entre 38 y 48 horas a la semana, percibiendo, el 44.9%, un salario mínimo -o menos- por su trabajo. (IMCO, 2022).
En la actualidad 3.7 millones de jóvenes no pueden conseguir un empleo porque realizan cuidados domésticos o bien ejercen oficios sin remuneración; de esta cifra, 93% son mujeres. Del mismo modo, se ha identificado que 8 de cada 10 personas que no tienen trabajo y están fuera de la escuela -estando en edad de hacerlo- don del sexo femenino. (AJTD, 2024)
El gobierno, luego de implementar el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ha señalado que los estímulos económicos entregados en los últimos cinco años, así como los mecanismos de desarrollo humano involucrados, lograron que el 60% de los participantes que concluyeron con todas las etapas del programa consiguieran empleo; sin embargo, no hay montos ni estadísticas del todo ciertas, lo que despierta suspicacias sobre la efectividad de dicho proyecto. Tan sólo entre el 2019 y el 2023, se habían invertido más de 96,000 millones de pesos, lo cual impactó en 2.6 millones de jóvenes que iniciaron su capacitación al trabajo. (EL ECONOMISTA, 2023)
No puede negarse la enorme necesidad de legislar en materia de ocupación laboral o escolar juvenil. Nuestro país tiene una deuda con sus jóvenes, particularmente con las mujeres; sin embargo, antes de capitalizar una iniciativa constitucional, tienen que oírse aquellas voces que legítimamente han denunciado serias irregularidades del programa: becas a funcionarios públicos, tarjetas bancarias robadas no reportadas, fallas en transparencia, empleadores que se quedan con parte de las becas -simulando que trabaja con ellos algún becario-, y otros tipos de actos de corrupción.
Voy y vengo
Doctor en Derecho. Director de Derecho, Economía y Relaciones Internacionales en el Tec de Monterrey.
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