Por: César Wong Meraz
El desarrollo de la política en el estado de Chihuahua como en el resto del país está inmersa en una dinámica en la que la pluralidad de ideologías e intereses de ciertos grupos de poder incide con el deber constitucional de la representación de la ciudadanía.
Sabemos que los partidos políticos siempre han sido el bastión principal para acceder al poder público. Durante muchos años los partidos políticos privilegiaron en su interior un régimen autoritario con matices democráticos, en el cual la línea era marcada por la persona que se encontraba en la cúspide del partido. Los resultados que ese autoritarismo generaba eran previsibles y efectivos en el manejo del poder.
Quienes disfrutamos del difícil ejercicio de hacer política, observamos que, en este momento, la división interna de los partidos y el escaso apego a una ideología o plataforma aceptada de manera generalizada dentro de su militancia, hace más complicado el control que se tenía en antaño y, por ende, la eficiente labor para la cual fueron electos.
La crisis de representación política siempre estará relacionada con el desapego que los servidores públicos tienen por los sectores de las poblaciones a los cuales representan, una vez electos. Pero desde mi perspectiva, hoy se une a esta crisis el hecho de que ni los propios partidos al interior se ponen de acuerdo y que los intereses son superiores a las ideologías y finalidades que enmarca su existencia.
Sí, vivimos en un régimen democrático en el cual el ejercicio del poder debe ser libre y siempre enfocado en el interés común, pero en el Legislativo, una diputación a la deriva o rezagado de un equipo, no puede hacer mucho por sus representados. Cada vez es más común ver en la conformación de los congresos diputaciones sin partido o que pasan de uno a otro, pues formar parte de un grupo es un instrumento imprescindible para hacer eficaz su tarea, privilegiando la mayoría y el control del Congreso, o bien, ser una oposición consolidada y eficaz.
Esta problemática actual -las diferencias internas dentro de los partidos y desavenencias en los grupos parlamentarios- creo que tendrá una implicación en la reelección de cargos para el próximo proceso electoral.
La reelección no es un derecho en sí mismo. Es una posibilidad para el ejercicio del derecho a ser votado, de manera que no opera en automático, sino que es necesario que se cumplan con las condiciones y requisitos previstos en la normativa constitucional y legal, en tanto que debe armonizarse con otros principios y prerrogativas constitucionales, y por ello, es susceptible de ser modulada o restringida.
Una de esas restricciones es que la postulación en reelección debe ser realizada por el mismo partido o cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que las postuló, salvo que hubieran renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
Además, según el criterio de la Sala Superior, la desvinculación acreditada de diputaciones de los grupos parlamentarios a los cuales pertenecieron, sin haber tenido una militancia, es una excepción a esa restricción si se desvinculó de ellos antes de la mitad del periodo de su mandato.
Hoy, partidos y servidores públicos electos, tendrán que ser muy cuidadosos para poder reelegirse, atendiendo a las dinámicas que por el ejercicio de su cargo se generan y del vaivén constante de los intereses del partido político al cual pertenecen. Deberán estar al tanto de cuándo y cómo pueden asegurar la posibilidad de ostentar su encargo por un periodo más, atendiendo a estas restricciones y a los supuestos que la norma les permite.
La disidencia política interna debe ser bienvenida, pues la pluralidad fortalece la democracia. No obstante, partidos y servidores electos deben enfocarse a la eficiencia de su encargo para erradicar la crisis de representación, y además ser cuidadosos con los parámetros previstos para la reelección para poder continuar aportando al bien común. Más representación y menos conflicto. ¿Ustedes qué opinan?
