Al iniciar esta primera editorial, me permito presentarme brevemente. Soy Mario Sías, abogado y catedrático universitario, maestrante en Derecho Constitucional y Administrativo, así como en Gobierno y Participación Ciudadana.
Este espacio, que generosamente se me concede, está dedicado a compartir opiniones libres, informadas y sustentadas, con un enfoque que refleja la esencia de la clase que imparto en la Facultad de Derecho: la ética.
Desde su ámbito filosófico hasta su aplicación política y profesional, la ética guiará estas reflexiones, orientadas dedicadas respetuosamente a mis alumnas y alumnos, con el fin de que analicen los temas desde esta perspectiva meramente personal.
Para inaugurar este espacio, abordaré un tema que, aunque ampliamente discutido en los últimos meses, no siempre ha sido dimensionado en toda su profundidad: la llamada "crisis constitucional" desatada por la reforma al Poder Judicial Federal.
Este cambio estructural no solo afecta a quienes trabajan dentro de los órganos jurisdiccionales, sino también, y, sobre todo, a las personas justiciables, es decir, a quienes acuden a la justicia en busca de protección frente a actos que violan sus derechos.
El juicio de amparo, uno de los mecanismos judiciales más importantes en nuestro sistema judicial, ha sido una herramienta clave para garantizar los derechos humanos. Su naturaleza les permite a las personas obtener respuestas rápidas ante situaciones urgentes, como suspensiones, que obligan a las autoridades responsables a cumplir con determinaciones judiciales bajo el apercibimiento de enfrentar el delito de desacato.
Este esquema ha sido muy importante para proteger a las personas, incluso en situaciones críticas como el acceso a servicios de salud. Sin embargo, esta garantía está siendo amenazada y cada vez es peor.
En el contexto actual, derivado de un ambiente político hostil hacia el Poder Judicial, hemos presenciado cómo desde los niveles más altos del Ejecutivo y el Legislativo se ha desacatado abiertamente órdenes judiciales. Incluso se han emitido declaraciones públicas cuestionando la legitimidad de las resoluciones emitidas por jueces y juezas, creando un precedente alarmante. Cuando quienes detentan el poder violan la ley, no solo la debilitan, sino que también autorizan implícitamente a otros a seguir su ejemplo.
Más allá de los términos jurídicos que pueden resultar complejos para la ciudadanía, es crucial aterrizar esta discusión en los impactos cotidianos que sufren las personas.
Un ejemplo tangible lo encontramos en los pacientes que dependen de amparos para recibir atención médica. De acuerdo con reportes de medios nacionales, personas con enfermedades graves, como el cáncer, que antes obtenían respuestas rápidas —en uno o dos días— ahora enfrentan retrasos de hasta dos semanas.
La organización Justicia vs Cáncer, ha señalado un cambio alarmante en la actitud de instituciones como el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTECALI. María Fernanda Rizo, coordinadora nacional de la organización, explica que la falta de cumplimiento de órdenes judiciales ha generado un "efecto dominó", donde las autoridades locales y estatales sienten que pueden desacatar decisiones judiciales sin temor a consecuencias legales. "Antes era impensable que las unidades médicas tardaran tanto tiempo en cumplir un amparo", señala Rizo. Pero ahora, con esta tendencia, nos enfrentamos a un escenario en el que el juicio de amparo podría perder su eficacia, dejando a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema.
Lo que está en juego no es solo la operatividad del Poder Judicial, sino la confianza misma en el Estado de Derecho. Si el juicio de amparo, un pilar de nuestra protección jurídica, pierde su efectividad, los derechos humanos estarán más expuestos que nunca. Por ello, es indispensable que como sociedad exijamos a quienes están en el poder respetar las instituciones y las leyes que nos protegen.
Porque solo desde la coherencia entre el discurso y la acción podremos construir una sociedad más justa.
Mario Sías
@SoyMarioSias (Instagram)