El sexenio federal que está viviendo sus últimos meses representa un lapso “muerto” en cuanto a la asignación de recursos para Chihuahua en materia de infraestructura, un lamentable capítulo para nuestra entidad que debe acabar.
Ahora, los diputados y senadores electos tienen un gran desafío, gestionar nuevas oportunidades para que los chihuahuenses accedan a mejores condiciones de infraestructura en sus municipios, y por ende a una mejor calidad de vida.
Ellos no sólo deberán ocupar su curul para promover iniciativas, leyes o puntos de acuerdo, sino enfocarse aguerridamente a la gestión de un mayor presupuesto para nuestra entidad, porque son ellos, junto a la gobernadora del estado, quienes, principalmente, tienen la posibilidad y la obligación de propiciar acuerdos que “abran la llave” de las arcas federales para beneficio de nuestra entidad.
Y es que en Chihuahua tenemos grandes rezagos en rubros como la salud; nos urge un nuevo hospital de especialidades del IMSS en la ciudad de Chihuahua; el mantenimiento a las carreteras federales en las distintas regiones de la entidad; la generación de nuevas fuentes para abastecimiento de agua; una Reforma Migratoria que ayude a resolver las diversas crisis sociales que se derivaron de esta problemática en el estado; una mayor seguridad pública; así como una sólida distribución de energía eléctrica para garantizar la productividad de la industria y el abastecimiento a la población, entre muchos otros.
En ese sentido, los diputados electos, Daniel Murguía Lardizábal, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Lilia Aguilar Gil, Alejandro Pérez Cuéllar, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Angélica Granados Trespalacios, Jesús Roberto Corral Ordóñez, Alejandro Domínguez Domínguez, y Noel Chávez Velázquez; así como los senadores electos, Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Mario Vázquez Robles, tienen en sus manos la irrevocable y no negociable encomienda de los chihuahuenses para atraer más recursos.
Por ello, el sector productivo del estado de Chihuahua exige a los próximos legisladores concretar una verdadera y sólida gestión de recursos, así como una nueva relación institucional de la Federación con el Gobierno del Estado y los municipios, que nos saquen del abandono propiciado por la ineficiencia y poca capacidad de acción que han tenido nuestros representantes en los últimos años, o posiblemente en las últimas décadas, de lo contrario, seguiremos sumidos en el olvido, alejados del progreso y bienestar que todos necesitamos.
En la iniciativa privada tenemos la camiseta bien puesta y estamos listos para respaldar a los legisladores y representantes de gobierno de los distintos niveles, para entretejer políticas públicas que ayuden a generar más empleos, de mejor calidad, mediante la participación en proyectos que detonen un Chihuahua más próspero y competitivo.
Es importante reafirmar que la responsabilidad social empresarial que nos caracteriza ha propiciado importantes avances en la historia de nuestro estado, no sólo colaborando en proyectos económicos de infraestructura, sino por medio del altruismo empresarial que han generado nuevas oportunidades de desarrollo para miles de chihuahuenses en materia de educación, seguridad, democracia, entre muchos más.
Por todo lo anterior, el empresariado de Chihuahua considera que una nueva relación con el gobierno federal permitirá establecer una alianza que reconozca y retribuya a nuestro estado equitativamente en la distribución de recursos, al ser una entidad ejemplar en cuanto al cumplimiento de obligaciones fiscales, así como de cuotas patronales ante el IMSS, entre otros.
Finalmente, los diputados y senadores deben promover en el Congreso de la Unión una nueva configuración fiscal en el país, que recompense a los estados, equitativamente, conforme a sus aportaciones; ese, también es un pendiente histórico que, de resolverse, nos beneficiaría ampliamente como sector y como sociedad.
