La reciente fractura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la discusión de la reforma judicial de 2024 ha sido un golpe contundente a la integridad del Poder Judicial. Con el cambio de postura del ministro Alberto Pérez Dayán se rompió con el bloque de ocho ministros en contra de la reforma, las alarmas se han disparado. Este movimiento, lejos de ser una simple diferencia de opinión, ha dejado al descubierto la fragilidad de la independencia judicial en nuestro país y las crecientes presiones políticas que amenazan con moldear las decisiones de nuestra máxima institución de justicia.

La reforma judicial de 2024, con sus promesas de cambio, trae consigo una serie de preocupaciones legítimas sobre el futuro de la justicia en México. Uno de los puntos más graves es la creación de un órgano administrativo judicial con injerencia del Ejecutivo y del Senado, que podría comprometer la independencia del Poder Judicial y abrir las puertas a una peligrosa politización de la justicia. En este sentido, el voto de Pérez Dayán no solo marca una decisión aislada; representa una grieta en la estructura de equilibrio y resistencia que la SCJN había intentado mantener frente a la reforma.

Resulta llamativo que, al cambio de postura de Pérez Dayán, le siga una ola de especulaciones sobre posibles presiones externas. La ministra presidenta Norma Piña ha declarado no poder afirmar que el ministro haya sido presionado, pero la sospecha no es infundada en un contexto donde la reforma fue aprobada sin consenso amplio, con tintes de control sobre el Poder Judicial. La falta de una base de apoyo política y social robusta incrementa el riesgo de que estas modificaciones respondan más a intereses particulares que a las necesidades reales de la ciudadanía.

La división en la SCJN también refleja un debilitamiento institucional en su papel como guardián del Estado de derecho. La función de la Suprema Corte va más allá de dictaminar sobre leyes: es el último muro de contención contra los abusos del poder. Al restarle facultades en la administración y disciplina del Poder Judicial, esta reforma pretende reducir su autoridad y abrir la puerta a la injerencia política, erosionando su rol de árbitro imparcial en conflictos de interés público.

¿Hacia dónde nos lleva esta fractura? En un país donde el equilibrio de poderes debería ser pilar de la democracia, los riesgos son inmensos. La SCJN no solo pierde fuerza con esta reforma; la ciudadanía pierde una defensa contra la arbitrariedad y el abuso de poder. La independencia judicial, conquistada con esfuerzo, podría derrumbarse si el Poder Judicial se convierte en un brazo más de la administración.

La Suprema Corte debe mantenerse libre de influencias políticas y fiel a la Constitución, resistiendo cualquier intento de convertirla en una extensión del Ejecutivo. La ciudadanía merece un Poder Judicial que actúe en su beneficio, no uno comprometido por intereses ajenos a la justicia.

Es esencial que esta crisis impulse una reflexión profunda sobre el rol de la SCJN en la democracia mexicana y sobre la necesidad de una verdadera independencia judicial. La fragmentación en el bloque de ocho ministros ha sido una advertencia de que el Estado de derecho en México está en peligro.