La reforma judicial propuesta para modificar NUESTRAS leyes, y que beneficiará a todas y todos los MEXICANOS para acercarnos a una justicia pronta y expedita, además de fortalecer NUESTRO sistema de justicia y continuar con la eliminación de la corrupción de MÉXICO, es un asunto que debemos analizarlo, dirimirlo y juzgarlo NOSOTROS.
La opinión vertida por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a la reforma judicial expresando su preocupación por la elección de jueces a través del voto popular, y que además se pondría en riesgo la democracia en nuestro país y a la integración económica de Norteamérica con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es a todas luces una intromisión.
Se sabe que las opiniones de Estados Unidos en el fondo obedecen más a una “protección de sus intereses”, a inversiones y demás, vaya, cuestiones que podrían incomodarlos, pero que de ninguna manera afectan a México, ni mucho menos a la democracia.
La reforma que estará discutiéndose esta semana en la Cámara de Diputados (donde corresponde, busca eficiencia, austeridad y transparencia en el Máximo Tribunal; legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia; órganos administrativos y disciplinarios independientes; y lo más importante, justicia expedita y equilibrios entre Poderes.
No tocar al poder judicial, significa permitir la sobrevivencia de aproximadamente 6 mil redes familiares que cooptan este poder, que hoy, no es pronto ni es expedito, pero que estará en el camino de hacerlo porque esta reforma propone plazos máximos para resolver juicios y sanciones a quienes no los respeten.
Además, y lo que es más irónico es que en Estados Unidos, en 43 de los 50 estados se eligen los jueces por voto popular, y que, si bien son jueces locales y no federales, esta práctica democrática no ha puesto en riesgo aquella democracia.
No hay ninguna preocupación por la democracia mexicana, lo que existe es un miedo (injustificado, además), a las inversiones norteamericanas y eso no es algo de lo que las y los mexicanos debemos estar preocupados. La historia de nuestros países nos ha enseñado, que fuera de lo económico, cuando nos va bien a nosotros (la expropiación petrolera para mayor referencia), a los “gringos”, no les va bien.
El “diálogo” que solicita el embajador es un acto de intromisión que ellos jamás, jamás aceptarían con ninguna otra nación para tratar temas que les conciernen solamente a ellos. Soberanía se llama.
El presidente López Obrador ya señaló que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se hizo una nota diplomática de extrañamiento, pues México no acepta que ningún representante de ningún gobierno extranjero, intervenga en asuntos que solo le corresponde resolver a los mexicanos.
El trasfondo de la reforma no es otra cosa que el fortalecimiento del sistema de justicia en el país, un combate a la corrupción frontal de jueces, ministros y magistrados, a fin de que la justicia tenga alcance para ricos y pobres.
