Hace unos días señalábamos lo lamentable de reubicar la Secretaría de Minería a otras latitudes, que nada tienen que ver con la minería, implicando costos burocráticos para los empresarios mineros; y hoy día, acompaña esta falta de empatía de la Federación, el querer frenar una de las cinco industrias que más aportan al Producto Interno Bruto Industrial del país, con más del 8.6%, y en el caso de Chihuahua, representa el 4% con una derrama económica estatal de más de 24 mil 822 millones de pesos.
La iniciativa de reforma a la Ley Minera, propuesta por Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, reduce las vigencias de concesiones mineras de 50 a 15 años prorrogables por una sola vez; la transmisión de concesiones quedará sujeta a autorización de la Secretaría de Economía; condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica; elimina el concepto de terreno libre y primer solicitante; las concesiones mineras se otorgarán mediante concurso – licitación pública, mismas que no podrán ser otorgadas en garantía y en un despropósito total el otorgamiento de concesiones se realizará por una sola sustancia.
Remueve el carácter de actividad preferente a la actividad minera; si los lotes mineros amparados por las concesiones se encuentran siendo explotados por otras industrias, los titulares de concesiones no podrán adquirir, forzosamente los derechos para uso.
De aprobarse esta nueva reforma, pondrá en riesgo la calidad de vida de más de 700 comunidades, ubicadas en 212 municipios del país donde no hay otra actividad económica diferente a la minería.
Además de afectar a más de 417 mil empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos a nivel nacional y el desarrollo de más de 70 sectores industriales que dependen del suministro de minerales, como los sectores, automotriz, siderúrgico, energías renovables, industria eléctrica y farmacéutica entre otros.
Pone en riesgo las aportaciones fiscales anuales por ISR y pago de derechos especiales sobre minería por más de 70 mil millones de pesos. Y se dejaría de invertir más de 9 mil millones de dólares en los próximos años.
No podemos dejar de lado que la minería es una de las cinco industrias que más aportan al PIB industrial (8.6%) y nacional (2.5%), y este sector es el quinto generador de ingresos por concepto de divisas; además de que en los últimos ocho años la minería ha aportado 313 mil millones de pesos al país.
En el caso de Chihuahua más de 26 mil empleos directos y 110 mil 565 indirectos se ponen en riesgo, cosa inexplicable, puesto que Chihuahua en el mes de diciembre del 2022, ocupó en valor de producción minera el tercer lugar a nivel nacional.
La Cámara Minera de México (Camimex) alertó que de aprobarse la citada reforma causará efectos negativos para el sector minero y otros sectores industriales relacionados con la producción de materias primas, así como importantes impactos y consecuencias para la economía nacional y el bienestar social en el país.
Según datos de la Secretaría de Economía, en México se encuentran cuatro de los nueve proyectos mineros de mayor relevancia en el mundo, lo que convierte a nuestro país en una potencia mundial en el sector minero; asimismo ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial, se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales como son oro, plata, cobre, bismuto, fluorita, celestita, cadmio, plomo, zinc, entre otros.
Por tanto no debe extrañar que grupos mineros, instituciones y legisladores conformen un frente común, para que se detenga o en su defecto se analice detenidamente el impacto que tienen las reformas propuestas, pues no debemos permitir que una de las actividades que da identidad a nuestro estado, esté en riesgo, ante la posibilidad de perder proyectos de inversión extranjera ni nacional, pues en su mayoría corresponden a pequeños y medianos mineros en Chihuahua, que incentiva la proveeduría local, además de generar un impacto en las regiones, en donde la minería es una prioridad para su desarrollo económico.
