Finalmente cumplieron su amenaza y le regalaron al presidente su reforma judicial. El 15 de septiembre fue promulgada con la crítica de los analistas, de los juristas y del mundo libre; esta reforma ve la luz en un contexto propio del presidente López Obrador: polarizada, sin cumplir con el debido proceso y en franca contravención a la norma constitucional.

Ya hemos analizado en otras ocasiones este documento. Tiene varios puntos, sin duda el más controversial, por el que más ha llamado la atención, es este nuevo método de selección de jueces y magistrados donde los ciudadanos y ciudadanas de este país vamos a elegir “democráticamente” a los impartidores de justicia. De los requisitos, basta decir que el promedio de 8 en carrera es probablemente el más exigente que enfrentarán las y los aspirantes que decidan participar.

Vale la pena detenerse a reflexionar que durante toda la discusión de la reforma, e incluso hoy que está aprobada, no ha habido un solo argumento jurídico para sostenerla. No lo ha habido. Se ha dicho, como argumento supremo para sostenerla, que viene a terminar con la corrupción del Poder Judicial, pero ese no es un argumento jurídico, es un argumento político, además es mentiroso e irresponsable.

Es mentiroso porque no es verdad que por votar por los funcionarios que impartan justicia, “el pueblo bueno” elegirá a los que no son corruptos. Si esto fuera así, México no tendría un problema mayúsculo de corrupción. Tenemos años votando por los diputados locales y federales, por los senadores, por alcaldes, por síndicos, por gobernadores y por el presidente de la república y en todo este tiempo la corrupción ha sido y sigue siendo el cáncer de los gobiernos. Es una mentira que el voto purifique o filtre a los corruptos.

Es irresponsable porque todo aquel que tenga conocimiento de un delito debe denunciarlo. El presidente y sus adictos siempre acusan de corrupción como principal argumento para defender cada ocurrencia o capricho (esta reforma es ocurrencia y capricho). La corrupción es un delito, se castiga con cárcel, pero no hay juez o ministro denunciado formalmente por estos hechos, no por el presidente. La corrupción del Poder Judicial que tanto ha acusado López Obrador y el morenismo no tiene ningún juez, ni ningún ministro procesado por semejante delito. Han sido irresponsables todos estos señalamientos, escandalizan, pretenden justificar su actuar, sin hacerlo, pues no van acompañados de las denuncias correspondientes.

Hay pues reforma judicial. Surge violentando el orden constitucional aunque había varias suspensiones, provisionales o definitivas, que impedían su estudio o su promulgación. Pocos las atendieron, el Congreso de Chihuahua fue uno de ellos, con lo que dio una muestra de respeto y defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, ese documento que el presidente, los diputados y senadores de Morena juraron defender, pero ya vimos que no es cierto. Están acabando con la República.