La autoridad electoral nacional enfrenta uno de los mayores retos en su historia: las elecciones judiciales. Éstas, al menos operativamente hablando, representan en nivel de complejidad, igual o parecido a la materialización de las dos reformas político-electorales más importantes, las de 1990 y 2014. Y es que el tiempo no juega a favor del INE. El mismo Decreto que dio génesis a la reforma estableció que el inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024- 2025 sería el día siguiente a que entrara en vigor, es decir, un día después a su publicación en el DOF. Así, en menos de ocho meses, el INE deberá garantizar que el primer domingo de junio de 2025, más de 98 millones de mexicanas y mexicanos tengan en su mano las boletas necesarias para elegir cerca de 900 cargos judiciales en todo el país. Afortunadamente, si una institución del Estado mexicano ha sido capaz de adaptarse y responder a las exigencias sociales y al desarrollo político del país es precisamente ésta.
Organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electivo, recaen sobre el INE, bajo los mismos principios de cualquier otra elección: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Sin embargo, aún sin la emisión de leyes secundarias el INE tiene sólo este mes para presentar y aprobar el plan integral y calendario del proceso electoral judicial. Algunos elementos sustantivos previstos en la propia reforma y que deberá reglamentar la autoridad son el derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria para las personas candidatas; además de la posibilidad de participar en foros de debate organizados por el propio instituto o por otras instancias en condiciones de equidad. Por otra parte, candidatas y candidatos tendrán prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para su promoción. Además, partidos políticos y personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de alguna candidatura.
Respecto a las candidaturas, será el Senado de la República quien publicará la convocatoria para la integración de la lista, ésta contendrá las etapas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. Posteriormente el Senado remitirá los listados al INE a más tardar el 12 de febrero a efecto de que organice el proceso electivo. Es importante hacer notar que las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. En relación a las campañas, éstas durarán sesenta días y no habrá precampañas. El voto de la ciudadanía será libre, directo y secreto. Finalmente, una vez que finalicen los cómputos, el INE publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas; luego, asignará los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, declarará la validez de la elección y enviará los resultados a la Sala Superior del TEPJF o al Pleno de la SCJN, para el caso de magistraturas electorales.
Maestra en Administración Pública. Consejera del IEE de Chihuahua
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