En la Antigüedad, transformar al sujeto estaba siempre ligado, en primer lugar, a los intentos por cambiar las relaciones humanas, como mínimo, en el seno de las escuelas filosóficas, y de algún u otro modo, en la misma ciudad. La práctica de la justicia suponía un elemento fundamental dentro de esta transformación, de acuerdo al filósofo Pierre Hadot. Pero un cambio puramente legislativo o coercitivo de las relaciones humanas, como lo que pretende la ideología de izquierda de la llamada 4ta Transformación, no sirve para nada si no se acompaña de la transformación del individuo.
La iniciativa de reformas constitucionales planteada por el Presidente López Obrador en febrero de 2024 perjudica en forma dramática al Poder Judicial mexicano. La propuesta de reforma afecta la garantía de inamovilidad de magistrados y destituiría a miles de ellos a nivel nacional, antes de que culminen sus respectivos períodos, designados por la Constitución y la legislación vigentes. Este cese prematuro impactaría la estabilidad de la interpretación y produciría dilaciones en la aplicación de las leyes, pilares esenciales para la certeza jurídica y la consistencia del sistema judicial.
Tales eventualidades afectan a los usuarios y menoscaban la fe pública en el sistema de justicia. Los mercados, los inversionistas y los capitales lo único que desean es conocer las reglas del juego y la garantía de que esas reglas no cambien. Ciertamente, para el común de la gente, esas cosas no interesan, pero en esta reforma están en juego la estabilidad de sus empleos o la posibilidad de que no haya más empleos para los que los buscan, especialmente, los jóvenes. Si se desea una reforma, deberá garantizarse la elección transparente, que sea por mérito y la estabilidad laboral.
Según las sugerencias del Colegio de Abogados, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano en su reporte “Una Amenaza a la Independencia Judicial”, la selección de jueces se debe hacer en base a méritos y capacidades, y no en votaciones populares; que el método de elección garantice la emisión de fallos imparciales, fundamentados en hechos y normas jurídicas; que los periodos de mandato sean suficientes e independientes del período del Poder Ejecutivo.
Además, que la destitución sólo sea por causas justificadas, previamente establecidas en ley, y con garantías procesales, incluido, el derecho a contar con un recurso de revisión judicial. Finalmente, garantizar la independencia y estabilidad económica del Poder Judicial, sin vincular los salarios judiciales a los del Ejecutivo u otros poderes con autoridad sobre su remuneración. Si estos principios no se toman en cuenta, estaremos favoreciendo la implacable instalación de una izquierda arbitraria en los espíritus, legitimando la injusticia discrecional de las peores fechorías.
Hay que denunciar toda clase de servilismo de los que son responsables por aceptar, incluso, demandar, el sacrificio del intelecto para ponerlo al servicio de la propaganda que prepara, abiertamente, el terreno para el entierro de la Humanidad bajo el eufemismo de una democracia popular, y que podría ser, en palabras de Karl Kraus, “la experiencia del comienzo del infierno”, empezando por los más pobres.
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