La separación de poderes es uno de los principios fundamentales en los sistemas democráticos modernos, el cual establece la división del gobierno en tres ramas: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esta división tiene como objetivo evitar la concentración excesiva de poder en una sola institución o persona, con un sistema de control y equilibrio que salvaguarde los derechos y libertades de los ciudadanos.
Uno de los pilares esenciales de la separación de poderes es que cada rama del gobierno tiene funciones específicas y limitadas. El Poder Legislativo tiene la responsabilidad de crear y modificar leyes; el poder ejecutivo se encarga de implementar y hacer cumplir estas leyes; y el poder judicial interpreta las leyes y resuelve conflictos bajo el marco legal existente. Este esquema de funciones diferenciadas asegura que ninguna rama del gobierno pueda dominar completamente sobre las otras, evitando abusos de poder y promoviendo la rendición de cuentas.
La historia demuestra que la concentración de poder en una sola persona o institución lleva a la tiranía. En regímenes autoritarios, la falta de separación de poderes ha permitido que los líderes usen el Poder Judicial como una herramienta para silenciar opositores y perpetuar su control sobre el estado. En contraste, los gobiernos que adoptan la separación de poderes tienden a ser más estables, respetuosos de los derechos humanos y transparentes, ya que el sistema de controles y balances permite identificar y corregir posibles abusos.
El poder ejecutivo, en su papel de administrar el país y dirigir políticas públicas, debe estar sujeto a un control estricto por parte de las otras ramas del gobierno. Esto es crucial cuando se toman decisiones que afectan los derechos civiles o el bienestar económico de los ciudadanos. En sistemas democráticos, el poder legislativo actúa como contrapeso, revisando y debatiendo las propuestas del ejecutivo, y el poder judicial garantiza que las acciones del gobierno sean conformes a la ley y la constitución.
Un aspecto esencial de la independencia judicial es la interpretación y aplicación de la justicia no sea arbitraria. En las democracias, la independencia de los jueces es crucial para mantener el estado de derecho, ya que permite que las decisiones judiciales se basen en principios legales y no en presiones políticas.
AMLO en su delirio de grandeza y de corte dictatorial ha ordenado a sus lacayos del poder legislativo (diputados federales y senadores), que modifiquen la Constitución, con una reforma que plantea la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción de la Suprema Corte, así como la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina tipo la Inquisición, claro que esta propuesta asegura que todos los candidatos y los ya electos sean personas 100% leales en su actuar a el y a Morena en el futuro. Esto con el fin de sobajar al poder judicial y tenerlo a su mando y capricho.
En septiembre coincidentemente, se llevó a cabo el inicio del Movimiento de México independiente en 1810 y este año el fin de la República Mexicana como tal.
Ingeniero Industrial y de Sistemas. Presidente de la JCAS
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