Quiero iniciar recalcando que el interés de la sociedad por temas de reformas y acciones del gobierno federal ha disminuido considerablemente en comparación con la efervescencia que se vivió antes de las elecciones. Hoy, los acontecimientos legislativos pasan sin análisis ni discusión en profundidad. La propia oposición está concentrada en sus cambios de dirigencias y en la lucha por el poder dentro de partidos que, cada vez, se tornan más pequeños y con menor influencia. Un ejemplo reciente es el dirigente del PAN, quien solicitó licencia para viajar a España, lo cual refleja la desconexión entre los líderes y las problemáticas urgentes del país.
En este contexto, en menos de una semana se llevaron a cabo cambios significativos en la Constitución, como la reforma sobre la supremacía constitucional. Estos movimientos surgen en respuesta a los intentos de los partidos de oposición por explorar cualquier resquicio legal que frene las reformas al poder judicial. Si bien esta estrategia es legítima y forma parte del juego democrático, nunca debería llevarse a cabo a expensas de la estabilidad del país. La idea de una supuesta "crisis constitucional" es un argumento erróneo cuyo fin principal parece ser generar obstáculos para el nuevo gobierno, promoviendo una inestabilidad que perjudica a México.
Es importante señalar que el partido Morena cuenta actualmente con una mayoría suficiente para crear una nueva Constitución si así lo deseara. Hasta el momento, han mostrado prudencia, aunque cierto apresuramiento, al plantear las reformas. Muchas de estas propuestas ya eran conocidas antes de las elecciones. Por ello, es esencial que la sociedad y los actores políticos contribuyan a que estos cambios se ejecuten de la mejor manera posible.
De cara a las elecciones de jueces del próximo año, los esfuerzos deben concentrarse en desarrollar una reglamentación adecuada que brinde certidumbre al proceso. Es crucial asegurar que lleguen los mejores perfiles, pues el objetivo debería ser una justicia imparcial y eficaz. Sin embargo, seguimos enfrascados en una batalla que desvía nuestra atención de los verdaderos temas, lo cual podría traer consecuencias negativas para el sistema judicial y el país.
Las narrativas impuestas deben analizarse con cautela. No existe, como tal, una crisis constitucional, pero sí un cambio radical. Si actuamos con responsabilidad, lo que hoy vivimos en México podría convertirse en un referente internacional. Este proceso puede resultar positivo o negativo, dependiendo del empeño de todos los mexicanos en construir un sistema judicial sólido que combata de raíz la corrupción, históricamente presente en el modelo actual, del cual todos somos conscientes.
La madurez de nuestros representantes debe prevalecer. No podemos poner en riesgo la credibilidad del país para complacer a un electorado que representa a una minoría. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el nivel de confianza en las instituciones de justicia en México ha sido históricamente bajo; en 2022, solo el 21% de la población confiaba en el sistema judicial. Es precisamente este bajo nivel de confianza lo que debe motivarnos a realizar cambios con visión de largo plazo, asegurando que las reformas respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y fortalezcan la democracia en el país.
Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas. Empresario.
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