Expertos en materia económica han advertido que el Gobierno de México tiene por objetivo estimular un mayor endeudamiento para 2024, lo que, sin duda, propiciará graves riesgos para la economía y, por consecuencia, para el bolsillo de los mexicanos.
En ese sentido, el pago de los intereses de la deuda pública del País (mejor conocida como costo financiero), será de 1.263 billones de pesos, una cifra que representará 14% del gasto del sector público, estimado en 9 billones, que representará 3.7% de la economía, el porcentaje más alto registrado en los últimos 32 años, pues en 1991 este llegó a 3.9% del PIB, según los registros de la Secretaría de Hacienda federal. El problema es que solo se tienen ingresos por 7.3 billones.
Es reprobable que el gobierno actual proponga un presupuesto con déficit presupuestario de 4.9% del PIB, el mayor registro en más de tres décadas, lo que nos habla de un creciente deterioro que puede colocar al país al borde de una severa crisis, sumado a bajas calificaciones crediticias, y graves complicaciones para que el Banco de México pueda reducir los altos niveles de inflación.
Con este irresponsable presupuesto, las señales enviadas hacia el exterior son muy negativas, y ponen en jaque a las inversiones nacionales y las extranjeras, que generan gran cantidad de empleos y una derrama económica importante en el país.
No es nada usual que un gobierno crezca su gasto al doble, como lo está impulsando el presidente, lo que genera la percepción de que, en año electoral, esos recursos pudieran estar al servicio del partido político en el poder. Esto también propicia una falsa ilusión de bienestar y crecimiento en la sociedad, pero ¿a qué costo?; es evidente que se está endosando la responsabilidad financiera a futuras generaciones y gobiernos, que encontrarán limitadas sus posibilidades para hacer frente a contingencias económicas y otras problemáticas.
De autorizarse el proyecto de la Federación, y sin un plan estratégico sólido de crecimiento económico que esté acompañado por reformas fiscales adecuadas, podemos caer en una gran inestabilidad macroeconómica y crear incertidumbre en los mercados financieros.
El problema de un gasto que nace con déficit, es que rápidamente se generan impactos en los servicios públicos, que afectan la sociedad en su conjunto. Por otro lado, la política fiscal expansiva del gobierno busca cerrar su sexenio priorizando en los programas sociales y la conclusión de sus obras emblemáticas de infraestructura, además de transferir una gran cantidad de recursos para apuntalar financieramente a Pemex, paraestatal que muchos expertos señalan como un “barril sin fondo”.
En ese sentido, vale la pena señalar que para 2024 se proyectan 1.0 billones de pesos por ingresos petroleros (3.1% del PIB), una disminución del 23.9% en comparación con 2023. Obviamente, esto tendrá un impacto presupuestario negativo en todos los estados.
Por otra parte, contrario a las tendencias globales de inversión en energía y medio ambiente, el presupuesto asignado al sector energético, se redujo un 7.2% en comparación con 2023; y el gasto en medio ambiente será recortado 11.4%; vamos de mal en peor.
Por todo esto, es importante que despertemos a esta realidad que nos están queriendo imponer, y que alcemos la voz, pues el actual gobierno se ha excedido, hipotecando el futuro nuestro y de nuestras familias.
La premisa de este gobierno debería ser: utilizar créditos para invertir en acciones que incrementen la economía nacional y, a partir de ella, entonces sí, incrementar programas sociales. Hasta pronto.
