No fue la mejor muestra de la dignidad del Poder Judicial. Eran tiempos de pandemia. La magistrada participó en una reunión virtual de su tribunal. Recién levantada, de chongo mañanero, sacudiendo sábanas y cobijas. De repente, uno de los participantes en la sesión la exhortó a algo. La respuesta de la magistrada fue fulminante, blandiendo el dedo flamígero frente a la cámara: “Tú a mí no me exhortas”, le espetó.

Dicho video se tornó viral, fue mucho más visto que el concurso por el que se nombraron a ella y a dos magistrados del tribunal en comento, como dicen los abogados. Este brilló por su opacidad, aquél, por su publicidad.

No quedaron ahí las cosas. Luego la magistrada llegó a ser presidenta de su tribunal, con todos los privilegios -no derechos- que el cargo trae consigo: sueldos que ni Obama, Suburban, seguro de gastos médicos mayores, y vergonzoso etcétera. Varias de las personas subordinadas a ella (y ella pensaba que todas deberían estar subordinadas) padecieron sus gritoneos, al punto que hubo quien la denunció por acoso laboral. Luego fue el turno del órgano de control interno que terminó suspendiéndola temporalmente por múltiples quejas laborales en su contra y por haberse otorgado un” autopréstamo”.

Este es sólo un caso, de uno de los órganos judiciales de orden local. Habrá muchos de otros órganos, como el de jueces que son pareja sentimental de comadres de abogados defensores, de magistradas y magistrados federales-y también locales- que utilizan los “nombramientos cruzados” para favorecer a sus preferidos/as: “yo meto a tu recomendado a mi ponencia y tú metes a mi recomendado a tu ponencia”. Muchas y muchos de ellos parecen señores feudales de su ponencia. Las y los servidores públicos a su cargo tienen que complacerles en todo por el temor de que les vayan a pedir su renuncia. Se convierten en una especie de casta divina, la judicialocracia.

Ni la forma en que actualmente se designa a jueces, juezas, magistradas y magistrados está ajena a tráficos de influencias, partidismos y sesgos que en muchos casos excluyen a las y los aspirantes con más capacidad e idoneidad, ni el desempeño de los nombrados obedece muchas veces a los principios de objetividad, apego a la ley, desapego de intereses personales, compromiso con la ciudadanía con las que se adornan. Ni puede aceptarse que los privilegios que ahora son inherentes a esos cargos los hagan libres para dictar sus juicios y sentencias con toda competencia y probidad. Parecería que algunos piensan que, a más cilindraje, caballaje y lujos tenga su automóvil, a más prestaciones extraordinarias y más prestaciones para comidas, libros y fiestas pagadas por el erario, la labor del o de la juzgadora es más independiente y autónoma.

Lo peor, sin embargo, no son los privilegios de juzgadores y juzgadoras. Es la impunidad de que gozan cuando se conducen mal: cuando su criterio contradice el espíritu de las leyes. Como señala Viri Ríos: “México se convirtió en un país donde la interpretación de un juez puede tener una fuerza similar al de cientos de diputados y senadores operando en conjunto. Y lo peor es que esto sucede mientras sancionar a los jueces, incluso por interpretaciones jurídicas notablemente descabelladas, es de facto imposible”

https://www.milenio.com/opinion/viri-rios/no-es-normal/el-motivo-de-la-reforma-judicial

La suspensión de la magistrada a quien aludimos arriba constituye una buena señal para empezar a debilitar la impunidad del poder judicial. Ojalá no se vaya a demostrar lo que dice Viri Ríos: que sea de facto imposible retirarla de su cargo. Y ni siquiera por la interpretación que haya hecho de la ley sino por sus excesos autoritarios y financieros.

Por eso urge una reforma al Judicial en todos sus órdenes y órganos: federal, estatales, electorales, administrativos. De que urge, urge, lo que hay que debatir muy bien son las formas y tiempos en que ha de hacerse.