Muchos personajes de la vida pública “abogados, periodistas, políticos y gente de la sociedad civil organizada” platican y se cuestionan sobre el proceso de selección de los magistrados, sus capacidades y la forma en que han llegado a ocupar ese espacio tan codiciado dentro de las estructuras judiciales, un espacio tan honorable, dentro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, hasta hace unos años.
Dichas magistraturas son alcanzadas, en ocasiones, por la capacidad de los abogados, jueces o secretarios, generalmente emanados de la misma estructura orgánica, con carrera judicial, mediante examen de oposición y procesos exhaustivos de selección. Otras veces, solo basta el poder del gobernante en turno para acceder instantáneamente, claro, a través de posiciones políticas para mantener el poder y administrar la justicia bajo ópticas muy personales, para no llamarle administración de la justicia a modo o por consigna.
Llama poderosamente la atención ver a los magistrados mudarse con el aire que corre, como las veletas, actuando sin observar mínimamente el decálogo del abogado. Para entrar al fondo del asunto, dicen los abogados, quisiera centrarme como ejemplo en el honorable magistrado Gerardo Acosta Barrera, a quien las corrientes de aire lo han mudado, pero no tumbado.
El 15 de marzo de 2017, con tres votos a favor y uno en contra, la Comisión Primera de Gobernación ordenó una auditoría a varios magistrados, incluyéndolo a él. Se libró de esta primera llamada de atención con malabares, ya que posteriormente, el 28 de junio de 2018, el Poder Legislativo del Estado de Chihuahua lo restituyó en su cargo y funciones en cumplimiento a la resolución dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, misma que obtuvo con favores.
Superado este incidente, en septiembre de 2019, este magistrado presionó al entonces presidente del STJ del Estado de Chihuahua, Pablo Héctor González, para que nombrara a su esposa como encargada de Relaciones Públicas, adscrita a la presidencia. Este nombramiento está facultado solo por el titular de la presidencia de dicho tribunal, claro, a cambio de mantenerse quietecito y apoyar las funciones del entonces presidente. Geanina Isidra Gaxiola Arellanes, según lo estipulado en las remuneraciones bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, recibía un sueldo aproximado de 90 mil pesos; corrupción y privilegios que nunca le hicieron nada al flamante magistrado.
Poco después, y no conforme con el manejo que tenía dentro del STJ, habiendo burlado al Congreso del Estado de Chihuahua en dos ocasiones y viéndose envuelto en escándalos de corrupción, el honorable magistrado realizó una fiesta el 25 de junio de 2023 para anunciar su postulación como presidente del STJ. Esta jugada le dio dividendos, no solo políticos y dentro de la estructura judicial, sino también otro tipo. Más tarde, la actual presidenta, Myriam Hernández Acosta, lo convirtió en el filtro de toda gestión judicial del área penal. De esta forma, no solo turna, dirige o resuelve cualquier controversia judicial penal, sino que influye en las resoluciones de los jueces penales. Para este propósito, removió al juez Armando Arreguín del área de Gestión Judicial, obteniendo pleno control.
Son numerosas las quejas en contra del magistrado, de dominio público. A este servidor ha llegado diferente material que sustenta este escrito, donde varias víctimas se han quejado del magistrado. Tal es el caso de un desplazamiento forzado en la región de Guerrero y Cuauhtémoc, queja contenida en la carpeta NUC:19-2023-15009 de identidad reservada, debido al alto grado de complejidad delictiva y que pone en riesgo la vida del quejoso, donde Acosta Barrera tiene metidas las manos: cambios de medidas cautelares, fechas de audiencias, procesos tardíos y sentencias generosas, todo controlado por él. La pregunta es: ¿hasta cuándo?
