De un día para otro, México se ha convertido en un país diferente al que conocíamos. Este cambio, lejos de ser positivo, representa un retroceso en los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
La aprobación de la reforma conocida como “Supremacía Constitucional”, ha dejado al descubierto las peligrosas consecuencias de cederle el poder absoluto a una sola fuerza política, que, en su falta de apertura al diálogo y obsesión por perpetuarse en el poder, ha mostrado su incapacidad para respetar las voces distintas.
Dicho de manera simple, esta “Supremacía” implica una grave restricción de nuestros derechos ciudadanos. Nos enfrentamos a la pérdida de garantías históricamente defendidas, tanto en el ámbito de conquistas sociales como en el cumplimiento de tratados internacionales que México ha suscrito para proteger a su gente.
Esta reforma pretende impedir que los ciudadanos puedan defenderse de posibles abusos del Estado, eliminando el derecho al juicio de amparo ante reformas constitucionales. Este mecanismo, que ha sido durante más de 160 años un baluarte de justicia y protección, queda ahora inhabilitado, dejándonos a merced de decisiones unilaterales de quienes ostentan el poder.
Queda claro que la intención del régimen actual es esquivar el cumplimiento de la ley y el Estado de Derecho, como lo demostró recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum al ignorar la instrucción judicial de no publicar la reforma al poder judicial en el Diario Oficial de la Federación. Este desacato abierto refleja el rumbo antidemocrático y el desprecio hacia la autonomía judicial, que debilita el equilibrio de poderes en el país.
Las consecuencias de esta reforma se extienden mucho más allá de la imposibilidad de ampararnos ante las decisiones del Congreso. Primero, fomenta una concentración de poder en el Ejecutivo, debilitando la ya frágil separación de poderes y arriesgando el equilibrio democrático.
En segundo lugar, pone en grave peligro la autonomía judicial, socavando su capacidad para servir como contrapeso efectivo. Además, esta alteración en la estructura constitucional crea un ambiente de inestabilidad política y jurídica que podría derivar en conflictos, protestas y crisis institucionales, generando incertidumbre en la sociedad y entre inversionistas.
Finalmente, la relación entre la federación y los estados se verá afectada, ya que la reforma disminuye la autonomía de los gobiernos estatales, provocando tensiones que dañan el sistema federal y aumentan el centralismo.
Si alguien aún tenía dudas sobre el matiz autocrático de este régimen, estas primeras acciones lo están dejando más que claro. Resulta frustrante y preocupante que una mayoría de ciudadanos no logre visualizar las implicaciones que estas reformas acarrearán para sus libertades y derechos.
Es alarmante que no se comprenda el alcance de una reforma que reduce nuestra capacidad de resistencia frente a decisiones arbitrarias y que limita cada vez más la participación ciudadana.
Desde COPARMEX, hacemos un llamado urgente a la reflexión colectiva y a la defensa activa de nuestro Estado de Derecho. Un México inclusivo y justo no se construye despojando a los ciudadanos de sus derechos, se construye a través del diálogo y el respeto a las instituciones que han protegido nuestras libertades.
La “Supremacía Constitucional” no debe marcar el retroceso de nuestra democracia, sino el despertar de una ciudadanía que exige rendición de cuentas y respeto a las leyes.
Presidente de Coparmex Chihuahua
