He decidido retomar el buen hábito de plasmar en blanco y negro, a través de artículos de opinión, las ideas, análisis y argumentos que surgen de observar la realidad de México y de nuestro querido estado de Chihuahua.

La escritura no solo contribuye a la claridad mental, sino que también deja testimonio de nuestras posturas, en un momento en el que nuestro país está cambiando de manera abrupta y preocupante.

Estoy convencido de que muchos de los planteamientos que expondré resonarán en una parte significativa de la ciudadanía, ya que, como uno más de ellos, tengo el honor y la responsabilidad de representar a Chihuahua, nuestra patria chica, como senador de la república.

La política exterior de México bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado preocupaciones sobre el futuro de la democracia en el país. Desde 2018 México ha fortalecido relaciones con regímenes de izquierda en América Latina, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, países con gobiernos autoritarios y serias violaciones a los derechos humanos. También ha mostrado simpatía por Colombia, Chile y, de manera ambigua, por Rusia, lo que inquieta a quienes defendemos la democracia.

El patrón de gobernanza en estos países se basa en el debilitamiento de las instituciones democráticas y la consolidación del poder en líderes populistas que, en nombre del pueblo, erosionan el pluralismo y la disidencia. México parece seguir este camino. Las elecciones de junio pasado son un indicio preocupante: aunque Morena y sus aliados obtuvieron el 54% de los votos, la oposición logró un significativo 46%; aún un así, el gobierno ha promovido una narrativa de mayoría absoluta, ignorando a casi la mitad de los electores que no apoyan su proyecto.

La manipulación más alarmante ocurrió en la Cámara de Diputados, donde Morena, con solo el 54% de los votos, obtuvo el 73% de las curules. Esto no refleja la voluntad del electorado, sino un uso estratégico de las reglas para distorsionar la representación. En el Senado, se ha utilizado la coacción, como en el caso del senador Miguel Yunes, quien cambió de bando bajo amenazas, otorgando al gobierno la mayoría calificada para modificar la Constitución sin contrapesos.

La ofensiva autoritaria también ha alcanzado al Poder Judicial. La reforma propuesta busca renovar jueces, magistrados y ministros en dos elecciones consecutivas (2025 y 2027), lo que compromete la independencia judicial. Esto debilita uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.

Otro golpe fue la militarización de la seguridad pública al colocar a la Guardia Nacional bajo el control de la SEDENA, una medida que pone en riesgo los derechos humanos al otorgar responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas, tradicionalmente ajenas a estas tareas.

Lo más alarmante es la agenda que parece seguir el gobierno: desmantelar o modificar profundamente los organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE). Estos organismos son esenciales para evitar que el Estado concentre el poder sin contrapesos.

La ruta hacia el desmantelamiento de nuestra democracia es clara. La concentración de poder, el control de las instituciones y la militarización son pasos que ya hemos visto en otros países de América Latina. El autoritarismo no llega de un día para otro, sino que se instala gradualmente, bajo el pretexto de representar al pueblo.

Como ciudadanos, debemos reflexionar y defender la pluralidad y la democracia antes de que sea demasiado tarde.