Un cambio de gobierno es un buen momento para que la ciudadanía expongamos cuáles son los problemas que nos aquejan y sobré todo contribuyamos a delinear hacia donde se deben dirigir los esfuerzos de la administración pública. En materia ambiental es alarmante ver cómo se diluyen en la apatía nuestros recursos naturales. Problemas como el cambio climático, contaminación entre otros parecen no tener fin. Observamos cómo las instituciones públicas realizan esfuerzos mínimos para enfrentar la situación.
En este punto en particular relevancia el tema del presupuesto público en materia ambiental. El gasto ambiental como también se le conoce se refiere a la inversión de recursos económicos que el gobierno realiza para prevenir, mediar,controlar y disminuir cualquier tipo de daño ambiental así como todas las gestiones que se deben realizar para cuidar el medio ambiente.
El gasto ambiental cuenta incluso con instrumentos de medición económica como el indicador económico ambiental con el cual se mide en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y refleja el presupuesto que el gobierno invierte en la materia. Destacan datos relevantes de este indicador; por ejemplo la inversión nunca ha rebasado el 1% del total del PIB nacional, lo cual evidencia que nunca ha sido una verdadera prioridad del estado invertir en nuestros recursos naturales.
Otro dato que sirve para contrastar es que la mayor inversión se realizó en el año 2011 con un 0.92% de gasto en protección ambiental con respecto al PIB.Tristemente el presupuesto en la materia ha ido a la baja año tras año con el visto bueno de legisladores y autoridades,pero sobre todo de la ciudadanía que nos quedamos callados. Contrastan estos datos de mínima inversión en la materia ambiental con los daños y el deterioro que sufren nuestros recursos naturales anualmente. Y es que así como se mide el gasto gubernamental también se mide el deterioro ambiental y sus consecuencias económicas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2022, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.2 billones de pesos corrientes, monto equivalente a 4.1 % del PIB nacional. No se necesita ser economista para darse cuenta que la inversión que se hace desde los tres niveles de gobierno no es suficiente.
Ahora bien, es importante explicar cómo se traducen en el día a día del sector estos pocos esfuerzos presupuestarios. A nivel federal estas tendencias a la baja de presupuesto han debilitado profundamente a instituciones como la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) principal encargada de la conservación del capital natural de México. Esta dependencia ha tenido una reducción extrema de recursos económicos que tiene como consecuencia directa que es casi imposible cuidar las 203 Áreas Naturales Protegidas a lo largo de nuestro país. A nivel estatal el presupuesto en la materia se diluye en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ya que el área de desarrollo urbano absorbe la mayoría del presupuesto convirtiéndose en una dependencia para tramitología que realiza pocos esfuerzos en materia de cuidado al medio ambiente.
Lo mismo sucede en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología a nivel municipal los trámites y burocracia absorben los esfuerzos de la dependencia.
Deben ser conscientes legisladores y autoridades gubernamentales que es urgente que dignifiquemos el presupuesto público ambiental ya que no tenemos otro planeta al cual saltar cuando este colapse.
Tenemos que apostarle al desarrollo sostenible con el recurso económico y humano suficiente para poder enfrentar responsablemente la problemática. Que cada cambio de gobierno, que cada campaña sea una que oportunidad que atesoremos como ciudadanía y como gobierno para entablar diálogos que siempre pongamos el tema ambiental en la mesa, en la propuesta, en el debate.
Maestra en Derecho Constitucional y Administrativo.
Abogada especialista en derecho ambiental.
