En los últimos años, México ha enfrentado una creciente tendencia hacia la centralización del poder; testimonio de ello es la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma constitucional que propone eliminar organismos autónomos esenciales. Esta medida, sin duda, representa un grave retroceso para los derechos ciudadanos y la transparencia en la gestión pública, comprometiendo así los principios democráticos fundamentales.
Pero hablemos de la función vital de los organismos autónomos: entidades como la COFECE, IFT, CRE, CNH, INAI, CONEVAL y MEJOREDU, desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos fundamentales, la supervisión del uso de recursos públicos y la regulación de la competencia económica, entre otros.
En ese orden de ideas, su independencia garantiza que las decisiones técnicas estén libres de influencias políticas, enfocadas en el bienestar de la ciudadanía, pues estas instituciones actúan como contrapesos democráticos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, esenciales para una democracia saludable.
Si hablamos de los riesgos latentes, propiciados por aprobación de la iniciativa que busca la extinción de dichos órganos, la propuesta de transferir sus funciones a dependencias federales plantea serios desafíos, como un marcado aumento en la opacidad y la corrupción en nuestro país, lastres que venimos acarreando por décadas como nación. Además, la centralización del poder que podría propiciar prácticas monopólicas, incrementando así los precios y generando desabasto de bienes y servicios básicos. Asimismo, la erosión de la autonomía institucional también limitaría la capacidad de la sociedad para exigir transparencia y supervisar al gobierno, debilitando los mecanismos de protección de los derechos humanos de los mexicanos.
Otro tema para analizar es el impacto presupuestario y democrático que se advierte por esta aprobación. En ese sentido, contrario a los argumentos a favor de su eliminación, los organismos autónomos tienen un impacto mínimo en el presupuesto nacional, representando apenas el 0.05% del gasto público. Sin embargo, su valor es incalculable en términos de desarrollo institucional y fortalecimiento democrático. Por ello, al desaparecerlos, México enfrenta el riesgo de que se consolide un sistema autoritario, donde la concentración de poder gubernamental superará los límites democráticos que hemos construido a lo largo de las décadas.
Todo esto enciende las alarmas en COPARMEX, desde donde enfatizamos que estos organismos no son un lujo, sino pilares fundamentales para garantizar la transparencia, la sana competencia y la rendición de cuentas.
Su extinción amenaza con revertir décadas de avances democráticos y limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Por ello, nuestro organismo reitera su compromiso de defender la autonomía institucional como un baluarte para el desarrollo económico y social de México.
En conclusión, la eliminación de los organismos autónomos no sólo pone en jaque la democracia en México, sino que también socava los derechos ciudadanos, abre la puerta a la corrupción y favorece la concentración de poder.
Por ello, mantener la operación de estas instituciones es esencial para garantizar un equilibrio de poderes, proteger derechos fundamentales y preservar la transparencia en la gestión pública. México no puede permitirse retroceder hacia un sistema autoritario; es necesario fortalecer sus instituciones autónomas para construir un futuro más justo, transparente y democrático. ¡Nos vemos pronto!
