Este 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla de manera clara la prohibición a la discriminación de las personas a razón de alguna discapacidad, complementando con una serie de ordenamientos tanto para las autoridades federales como locales que dotan a los poderes públicos de obligaciones a fin de promover las condiciones para que la igualdad y libertad de las personas que presenten alguna discapacidad sean efectivas.
A la par, se han generado instrumentos internacionales que han sido suscritos por México, siendo quizá la más relevante, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad; precisamente en México, la población con algún tipo de discapacidad representa uno de los grupos poblacionales con mayor número de personas, lo que volvió necesario adoptar y suscribir los parámetros internacionales para su debida protección.
Entendiendo muy bien la gran deuda que hay para con este grupo poblacional, la Presidenta de México anuncia este día, la firma de un importante acuerdo por el que se destinarán casi mil millones de pesos a la rehabilitación de personas menores de 18 años que presenten algún tipo de discapacidad; este apoyo se suma a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad a la que se le destinará veintiocho mil millones de peso el próximo año, recursos que serán entregados de manera directa a las familias, lo cual no pasa en ningún otro país.
Es así que, el Gobierno de México eleva a rango constitucional, por primera vez en la historia de nuestro país, el apoyo a las y los niños que viven con discapacidad, lo que representa sin duda alguna un antes y un después para la vida de más de 22 millones de personas con discapacidad y para sus familias, quienes de alguna u otra manera, conviven con la discapacidad
Precisamente al respecto, uno de los principales retos a abordar por el Gobierno Federal, será el sistema de cuidados orientado a las personas que tienen bajo su cargo a alguna persona adulta mayor o bien con algún tipo de discapacidad, quienes merecen no solo nuestro más amplio reconocimiento, sino apoyos directos que les sean de beneficio a ellos y sus familias, tales como apoyos económicos, beneficios en instituciones de salud y esquemas de empleo que les permitan tanto a ellos como a sus familiares, la garantía de sus derechos.
Paradójicamente, tenemos que en Chihuahua, la realidad no es compartida, o mejor dicho, comprendida: por mencionar solo un gran pendiente, dejando de lado la cuestión presupuestal, en cuanto a las obligaciones del Gobierno del Estado, es importante mencionar que permanece como un gran pendiente la Integración del Padrón Estatal de Personas con Discapacidad, así como mayores políticas a favor de la población; a pesar de que se quiso hacer un llamado a las autoridades competentes, lamentablemente las y los diputados de la mayoría prianista, quisieron defender más a la gobernadora, que a las personas con discapacidad, en una plena ignorancia y falta de empatía de las condiciones que padece la población.
Este comentario no es así nomás, al aire, sino que viene a colación porque es importante hincapié en cuanto a que el derecho humano a la accesibilidad debe ser garantizado también a nivel estatal por ser elemento fundamental para el goce de otros derechos, por ser un compromiso adquirido a nivel internacional que no solo se obliga a nivel federal, sino que debe garantizarse para las y los chihuahuenses. ¡Todas las personas, todos los derechos!
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