Por: Óscar Barraza

Si bien como ciudadanos, hasta por obligación cívica, debemos permanecer en un recurrente ejercicio de crítica sobre las cosas públicas, nuestro papel debe ir más allá, debemos atravesar el umbral de la observancia y entrar en una dinámica de cambio ejerciendo mejoras desde nuestros entornos cercanos.

Los aparatos del poder público son totalmente movibles desde la presión de la ciudadanía, pero la presión basada en simple crítica suele generar un ciclo donde la respuesta, generalmente, es la simulación de los gobiernos.

La participación de las y los ciudadanos debe entonces centrarse en la actuación para cambiar las dinámicas que están bajo nuestro control en nuestras familias, en nuestras colonias y en nuestras comunidades.

En el caso, por ejemplo, del abuso infantil, que va desde el maltrato sicológico hasta el sexual, debemos ser claros y honestos al identificar y enfrentar que la mayoría de los eventos se viven en espacios cercanos de los menores, principalmente en sus familias.

Partiendo de ese análisis, ¿estamos dispuestos a atacar el problema interviniendo las dinámicas familiares que ponen en riesgo a niñas y niños?, indudablemente la respuesta debería ser sí.

En ese escenario, más allá de las normatividades, penas, programas y protocolos que se activen desde los gobiernos, los adultos debemos responsabilizarnos de nuestra obligación inmediata de mantener a salvo a los menores evitando y/o interrumpiendo los ciclos de abuso.

Como este ejemplo, muchos otros campos de la vida pública y privada dependen en gran medida de la actuación que desempeñemos en nuestros ámbitos personales para mejorar las dinámicas sociales.

Si como ciudadanos hacemos lo que nos toca, el nivel de presión que ejerzamos sobre los gobiernos y sobre los políticos responsables de impulsar mejoras en la calidad de vida de las personas se vuelve aún más fuerte, pues no habría manera de que se nos pongan pretextos para el cumplimiento de lo que les corresponde hacer.

Es aquí en donde la participación además de un derecho se debe observar como una obligación irrenunciable. La participación ciudadana va más allá del sufragio, significa el movimiento permanente de mujeres y hombres para corregir lo que en nuestro control está corregir y mejorar.

La aspiración general debe ser cumplir con lo que nos toca para estar en condición plena de exigir que los demás cumplan con sus obligaciones, específicamente los gobiernos. Es aquí donde toma cierto nivel de relevancia la calidad moral en las dinámicas democráticas.

En medida que los ciudadanos elevemos nuestro nivel de civismo, tendremos mayores herramientas para exigir que quienes administran nuestros recursos, nuestras instituciones y nuestras leyes, funcionen a cabalidad.

¿Estamos listos para crear una revolución desde la reivindicación de nuestro papel como ciudadanos? Indudablemente nuestra respuesta tiene, sí o sí, que ser sí.