No se recuerda una situación reciente más crítica para la democracia mexicana que la existente debido al alto riesgo de que el Poder Judicial sea colonizado por el Poder Ejecutivo.
En esta semana se decidirá si la cuestionada reforma judicial propuesta por López Obrador sea aprobada o no por el Senado.
Para ello se requiere una mayoría calificada de los senadores, por lo que la bancada oficialista con 85 solo necesita un voto más que obtendría de alguno de los 43 senadores de oposición.
El futuro del poder judicial y de la democracia depende de que los 43 senadores opositores cumplan su promesa de votar en contra de la iniciativa presidencial.
Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano ya declararon públicamente que así será su voto pese a las fuertes presiones y sobornos por parte del oficialismo.
El falaz argumento presidencial de que si se votan popularmente los funcionarios judiciales se mejorará la impartición de justicia solo se lo creen sus fieles secuaces.
Lo contrario es obvio, pues la propuesta oficialista es que cada uno de los tres poderes de la federación nombrará una comisión para presentar una lista de los aspirantes para ser jueces, magistrados y ministros.
El presidente de la república podría así nombrar a la tercera parte y como la mayoría del legislativo lo obedece entonces contarían con las dos terceras partes de los funcionarios judiciales, desde jueces hasta ministros.
La treta es visible y por ello se ha generado una reacción en contra desde diversos sectores nacionales e internacionales.
El control del poder judicial es común en sistemas dictatoriales y autoritarios.
Lo era antes en nuestro país cuando dominaba la escena política un presidente omnipotente que palomeaba a los encargados de los otros dos poderes.
Era la fórmula porfirista que continuó con los regímenes revolucionarios hasta fines del siglo pasado cuando con la reforma electoral en 1997 por primera vez la oposición obtuvo la mayoría en la Cámara Baja.
A pesar de la embestida oficialista los partidos opositores se unieron y nombraron a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de los diputados federales.
En el 2000 se dio por primera vez la alternancia en el ejecutivo federal al ganar la presidencia el panista Vicente Fox.
En este siglo han ejercido dos presidentes panistas, un priista y uno morenista, lo cual nunca había sucedido en el país.
Pues bien, esta incipiente democracia está ahora en riesgo con las aspiraciones autoritarias, si es que no totalitaristas, del actual encargado del despacho presidencial.
Animados por un anacrónico populismo nacionalista con tintes socialistas los partidarios de Morena y aliados pretenden transformar el régimen político sin evaluar las repercusiones negativas que tendría para el pueblo mexicano.
Para muestra de lo que podría ser la Suprema Corte si se lleva a cabo la reforma judicial está la vergonzosa participación de las dos actuales ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz.
En un mitin como porristas colegiales la emprendieron en contra del Poder Judicial que representan y Ortiz incluso se vanaglorió de ser fundadora de Morena.
Las dos citadas están haciendo méritos y campaña para que su jefe máximo las incluya en la lista de la SCJN para continuar gozando de sus privilegios y honorarios.
Los senadores decidirán para bien o mal si en el futuro predominarán jueces que sean marionetas del presidente o profesionistas independientes que obtengan sus puestos por méritos y exámenes.
