El conteo oficial de los votos emitidos el 2 de junio no tranquilizó el ambiente político y económico del país como se suponía después de una elección democrática.
La razón es que la victoria de Morena y aliados fue abrumadora al grado de que aspiran tener una mayoría calificada para modificar la constitución política nacional.
El triunfo de los candidatos a los cargos ejecutivos al parecer será menos conflictivo que el de los del legislativo pues en este poder se juega el futuro del tercer poder, el judicial.
Los gobernantes en turno podrán intentar las reformas que se les ocurran, pero es la Suprema Corte de la Nación la encargada de velar de que estas sean acorde con las normas ya establecidas en la carta magna.
La separación y autonomía de los poderes que rige desde hace 200 años es requisito indispensable para que opere realmente una república democrática.
El hecho de que en distintas etapas de la historia de México alguno de estos poderes, usualmente el ejecutivo, no respetara y manipulara a los otros dos no es una excusa válida para intentar hacer lo mismo ahora.
Desde la antigüedad los monarcas demagógicamente controlaban a las muchedumbres para conservar el poder.
Esta práctica usual que después se convirtió en tradición intentó ser limitada por el liberalismo democrático que se ejerció en buena parte de las naciones en la modernidad.
Los reyes no cedieron sus facultades voluntariamente y fue necesario rebeliones cruentas para obligarlos a someterse a un parlamento representativo.
Ahora no son los monarcas los que pretenden tener un poder absoluto, sino paradójicamente los presidentes en turno o algunos primeros ministros como el de Israel.
Como decía con razón Lord Acton, “todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
El alto riesgo que corre ahora nuestra novata democracia es la regresión a los tiempos en que predominaba un partido hegemónico sometido al jefe del ejecutivo federal en turno.
Eran los tiempos en que dominaba el presidente de la república, al que acertadamente Cossío Villegas llamó “un monarca sexenal”.
Los herederos de la revolución mexicana para evitar otra dictadura porfirista establecieron el lema maderista de la no reelección en la constitución.
Sin embargo, como buenos herederos de Porfirio Díaz continuaron con la práctica de controlar a los otros dos poderes a través del ejecutivo.
Así el régimen presidencial se convirtió en un presidencialismo autoritario durante 70 años, hasta que la oposición logró la alternancia en el 2000 para iniciar el nuevo milenio con un presidente emanado de un partido distinto al oficial.
El fundador y real líder de Morena, que arribó a la presidencia en su tercer intento gracias a la reforma electoral, parece que se olvidó de sus promesas democráticas y ahora intenta que el poder judicial sea desmantelado.
La incertidumbre e inestabilidad que han predominado después de los resultados electorales se deben principalmente a él y a sus acólitos que claman por la aprobación de su trillado plan C.
Para ello tendrá que obligar a la nueva legislatura aprobar su cuestionable reforma judicial en el último mes de su administración.
Le tocará a la nueva presidenta impedir este capricho voluntarioso de su padrino para evitar otra crisis económica y política como las heredadas por algunos presidentes que se creyeron los monarcas de México en el siglo pasado.
Investigador. Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACh
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