La Guardia Nacional (GN) pasó a ser parte de la Sedena por decisión mayoritaria oficialista en la cámara baja.
Esta corporación iba a ser la que supliera a la policía federal y así fue en su inicio, pero ahora a final del sexenio se le ocurrió al inquilino de Palacio Nacional mejor incorporarla al Ejército.
De hecho la GN ya estaba militarizada pues la mayoría de sus miembros eran soldados y sus jefes oficiales militares.
El caso es que en lugar de una policía civil federal ahora será esta corporación parte del sector militar.
Con el reiterado y gastado argumento de combatir a la corrupción el actual y afortunadamente ya saliente presidente ha delegado más tareas oficiales a las fuerzas armadas.
El vociferante candidato presidencial que criticaba la militarización llevada a cabo por Calderón para combatir el narcotráfico ahora es el más vehemente defensor de esta riesgosa práctica.
En su campaña prometió quitar a los soldados de las calles y mandarlos a sus cuarteles, lo cual desde luego no cumplió.
A los generales y almirantes les encomendó además tareas aduanales y de construcción, entre ellas la de su cuestionable trenecito maya.
De esta forma no solo continuó con la política calderonista de militarizar las labores de seguridad pública sino que lo superó con creces.
Tal parece que al otrora opositor y crítico del ejército se le olvidaron las actuaciones militares negativas al grado de que hasta les cubrió su participación en la desaparición de los 43 normalistas.
Además de poco o nada ha servido esta militarización para combatir al crimen organizado como lo demuestran los recientes “culiacanazos” que han arrojado decenas de muertos, heridos y pérdidas millonarias.
Los comerciantes de Culiacán consideran que en dos semanas de paro de actividades debido a la violencia han dejado de percibir unos 250 millones de pesos diarios.
Esta región sinaloense está de hecho en estado de sitio mientras que el general encargado de la misma conchudamente declara que la situación caótica se solucionará cuando las bandas contrincantes resuelvan sus diferencias.
Peor estuvo la arenga presidencial de responsabilizar a los Estados Unidos de la violencia en Sinaloa por haber detenido al Mayo Zambada.
La ilógica de AMLO es simple, si no se tocan a los capos de la droga y se les permiten sus actividades entonces ellos se encargarán del orden y de la seguridad de sus territorios.
Ahora la pregunta es si militarizando a la GN se reforzará la reinante inseguridad pública.
Lo que ya es obvio es que la cacareada política presidencial de “abrazos, no balazos” no ha servido para nadie, salvo para los criminales beneficiados.
Este sexenio cerrará con el doble de homicidios que el de Calderón, el que sigue siendo criticado y responsabilizado por la violencia actual, como incluso lo afirma la presidente electa.
La seguridad pública no depende solo de los jueces, los que han sido acusados de corruptos e ineficientes para llevar a cabo la reforma judicial que desmantelará al poder judicial.
La ineficacia e irresponsabilidad del actual gobierno federal, así como la tradicional corrupción, han permitido el imperio de los criminales organizados y desorganizados en todo el territorio nacional.
Como la siguiente presidenta es una ferviente creyente de AMLO y de su transformación de cuarta no se esperan cambios radicales en la política de seguridad pública, la que de continuar podría causar serios problemas de seguridad nacional.
Dr. en Comunicación, Docente en la Facultad de Filosofía de la UACh.
efernandezarmendariz@gmail.com
