A la fast track, como al parecer es su estilo poco democrático, las mayorías legislativas de la 4T aprobaron en el Congreso federal y los estatales las modificaciones legales para establecer la “supremacía constitucional”.

En una semana elaboraron, presentaron y aprobaron que las reformas constitucionales no podrían ser objeto de controversias constitucionales ni de amparos por parte de los que no estuvieran de acuerdo con ellas.

De ahora en adelante las ocurrencias de los legisladores tendrán que ser aceptadas sin chistar por la oposición y ciudadanos que estén inconformes con ellas.

No importa que esta “supremacía constitucional” vaya en contra de los derechos humanos, consagrados en los primeros artículos constitucionales y en los tratados internacionales firmados por México.

Al parecer llegó la época de que una minoría supuestamente mayoritaria será la que decida los cambios constitucionales y ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá revisarlos, juzgarlos y dictaminar si proceden o no.

La prisa por promulgar este mecanismo autoritario y nada republicano obedece a la consigna desde Palacio Nacional a que se aplique la reforma judicial lo antes posible.

Al fin la SCJN va a examinar la propuesta del ministro González Alcántara de juzgar si la reforma judicial es constitucional o no provocando una reacción presidencial exagerada si no es que fuera del contexto de una auténtica república.

Sheinbaum ha reiterado que la reforma judicial se aplicará como sea y las elecciones para nombrar a los nuevos integrantes del poder judicial serán el año que entra.

Declaró que los ministros intentaban que se les aplicará un juicio político pero que ella no lo haría, lo que parece más bien una amenaza velada.

Sin embargo la campaña para desprestigiar y amenazar a los encargados del poder judicial continúa con el propósito de que no intenten evitar la implementación de la citada reforma.

Los legisladores de la 4T además votaron una ley para que la presidente del INE pueda elegir directamente a los ejecutivos del mismo cuando este organismo es colegiado y estos nombramientos se realizaban mediante el consenso de sus consejeros.

La intención de la 4T es mantenerse en el poder cincuenta años, como lo expresara su operador legislativo Adán Augusto López.

Obviamente una buena parte de los mexicanos no comparten esta visión dictatorial que sería contradictoria con una república democrática.

La SCJN es también un tribunal constitucional por lo que tiene no solo el derecho sino la obligación de juzgar las controversias constitucionales y dictaminar en consecuencia.

Así lo establece la constitución política vigente, aunque algunos de la 4T pretendan que las normas que deben aplicarse sean solo las suyas por aquello de que “mi ley es la ley”.

De dictaminar la SCJN en contra de la reforma judicial tanto el poder ejecutivo como el legislativo tendrían que respetar su fallo so pena de caer en desacato.

La controversia podría escalar la intervención de organismo judiciales internacionales si se considerara que no se acataron las decisiones del máximo tribunal de nuestro país.

Esta crisis constitucional pondría en entredicho no solo la seguridad jurídica nacional sino también la naturaleza democrática del actual régimen.

Obviamente las consecuencias serían adversas y bastantes costosas para México en lo político, social y económico. ¿Vale todo ello la pena sólo para demostrar la supremacía de la 4T?