Por: César Wong

Los temas centrales de la reforma político electoral planteada por el Titular del Poder Ejecutivo versaban sobre la intención de modificar la estructura y atribuciones tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los Organismos Públicos Locales Electorales y de los Tribunales Estatales Electorales, disminuir el financiamiento público otorgado a los partidos políticos, reducir el número de diputaciones tanto federales como locales y la implementación del voto electrónico.

Muchas de estas cuestiones son asignaturas pendientes que se han prolongado a lo largo del tiempo y para lograr su modificación es necesario realizarla por medio de una reforma constitucional.

Recordemos que para que sea aprobada una reforma constitucional se requiere el voto a favor de dos terceras partes de los presentes, es decir, 334 votos del total de los 500 legisladores y para lograr una reforma a la ley, es necesario la mayoría absoluta, es decir 50%+1 de los presentes en la sesión.

Como consecuencia de la marcha ciudadana en favor de la permanencia de las autoridades electorales, un gran número de voces se han pronunciado respecto a las bajas posibilidades de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral tal como fue presentada y la alternativa de que las modificaciones sean a la legislación secundaria.

Con motivo de lo anterior, se ha mencionado que se propondrá un Plan B que consiste en reformar reglamentación secundaria respecto al modelo electoral mexicano, el cual incluye; ley de partidos políticos, ley general del sistema de medios de impugnación, ley general de instituciones y procedimientos electorales, entre otras.

En esta reglamentación se definen aspectos tales como, lo relativo a la integración de la Cámara de Senadores y Diputados, elección de ayuntamientos, lo relativo a la integración y atribuciones del Consejo General del INE, así como de los organismos públicos locales, remoción de consejeros locales, lo relacionado con las magistraturas electorales locales, prerrogativas, derechos y obligaciones de los partidos políticos entre otros temas trascendentales.

La reforma a leyes secundarias o el llamado Plan B, podría traer como consecuencia el emprendimiento de controversias constitucionales por parte de legisladores, gobiernos estatales o partidos políticos, bajo el agravio de que dichas reformas podrían ser inconstitucionales, cuyo desenlace se prolongaría más de los deseable y tendría que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En tanto, lo anterior, podría ocasionar una crisis política y dentro de las instituciones electorales en todo el país, situación que no resultara benéfica pues nos encontramos con un par de Procesos Electorales de renovación de autoridades en entidades federativas y con el Proceso Electoral 2023-2024 en puerta.

El Plan B, se ha señalado que se presentará a finales del mes de noviembre para ser atendido de inmediato por las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados, de modo que aún no tenemos claro el contenido específico sobre cuales son las cuestiones que se propondrán para modificación.

La democracia y el sistema electoral mexicano como todo proceso es perfectible y debemos de trabajar unidos, sociedad civil, titulares de los poderes del estado y autoridades electorales, para brindar a la ciudadanía un marco jurídico electoral fortalecido, robusto y con opciones viables y modernas para desarrollar en los procesos electorales que se encuentran en puerta, siempre pensando en mejorar la democracia y brindar certeza a la ciudadanía.

¿Tú que opinas de las reformas planteadas en materia electoral?