Diversas personas -entre ellos diputados del partido Morena- presentaron ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) dos solicitudes para la implementación de instrumentos de participación ciudadana para 2023. Una solicitud está relacionada con la celebración de un plebiscito estatal y la otra busca una consulta pública estatal.
En ambos mecanismos se pretende consultar a la ciudadanía sobre el gasto de 4 mil 200 millones de pesos, relacionados con el pago por el Servicio integral de enlace y monitoreo de seguridad y videovigilancia para la Torre y/o Plataforma Centinela de la Secretaría de Seguridad Pública, erogación que fue propuesta por la gobernadora en su iniciativa con carácter de decreto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023.
El propósito, según exponen, es saber si los chihuahuenses están de acuerdo con el gasto precisado, para que esa opinión sea tomada en cuenta para determinar si los recursos que se destinarán al proyecto resultan prioritarios, atendiendo a las necesidades más elementales de las personas chihuahuenses.
En las solicitudes hacen referencia a diversas circunstancias que motivan las consultas. Por un lado señalan que desconocen el proyecto al no tener acceso a él, ello aun y cuando varias personas han solicitado por vías formales el conocimiento del proyecto sin que ningún ente gubernamental le haya otorgado información. Además, refieren que desconocen los contratos que fueron firmados, o bien, que serán firmados por el gobierno del estado para que se justifique esa erogación.
Desde su perspectiva, es necesario consultar si la videovigilancia de personas que permite el servicio es restrictiva a derechos de la niñez, personas con discapacidad e integrantes de pueblos y comunidades indígenas, pues aseguran que esas herramientas tecnológicas, como el reconocimiento facial, pueden ser usadas para vulnerar derechos humanos y no está demostrada su efectividad en el ámbito de la seguridad.
Ahora, es responsabilidad del IEE analizar que las solicitudes cumplan con los requisitos formales previstos en la Ley de Participación Ciudadana, y en su caso, solicitar las precisiones correspondientes. Luego, examinar si existe algún impedimento para las consultas. En el entendido que los impedimentos están relacionados únicamente con los instrumentos de participación política, como el plebiscito, y no con los de participación social, como la consulta pública. Ello derivado de la vinculación que cada instrumento genera para las autoridades estatales.
La procedencia de las solicitudes será una labor para el IEE, en un año en el que se prepara el proceso electoral, hay incertidumbre de una reforma política y electoral nacional y local que Morena impulsa, y con una reducción de 170 millones de pesos en su presupuesto, específicamente en materia de participación ciudadana.
El tema de estos mecanismos siempre conlleva un tinte político. Recordemos el tema de las luminarias en 2019 y en 2022 diversas solicitudes de referéndum, entre ellas, el relleno sanitario del municipio de Chihuahua.
¿Será acaso que ahora se trata también de meterle un tropezón al gobierno estatal? Además, parece extraño que en el país Morena quiera desaparecer al INE y a los OPLE, pero utiliza a esas instituciones como una herramienta política. Un tanto incongruente ¿no?
Lo que no se ve, no existe. Las solicitudes de plebiscito y consulta pública son una gran oportunidad para demostrar de qué están hechas las instituciones electorales, pero siempre con la ley en la mano. La democracia en México se diseña por los gobiernos, los partidos políticos, pero también y no menos importante por la sociedad.
Los mecanismos políticos y sociales con los que participa la ciudadanía deben ser un contrapeso a estas luchas políticas: no un arma. No sólo es ir a votar el día de la jornada electoral, ya tenemos más derechos. Me gusta la idea de que la ciudadanía pueda influir en las decisiones estatales: eso es la democracia. Esperemos qué dirá el IEE.
¿ A ti te gustaría que se hiciera esta consulta ciudadana?
